El Gobierno valenciano advierte que el cupo catalán amenaza la vivienda para 16.764 familias

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y responsable de Vivienda en el Ejecutivo de Carlos Mazón, Susana Camarero, ha advertido este jueves que el cupo catalán puede costar 165 millones de euros en materia de vivienda. Y que esa cifra «no es un número», sino un total de 16.764 familias a las que el Gobierno de España «deja sin ayudas». Una cifra que se concreta «en 10.500 personas que han recibido ayudas al alquiler, 5.700 que disfrutan del Bono Joven, 410 jóvenes que han obtenido ayudas a la compra de vivienda o 154 personas en situación de vulnerabilidad», según ha explicado también Susana Camarero.

Camarero también ha acusado al presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez de «engordar la caja de Cataluña con los fondos de vivienda que pertenecen al resto de autonomías».

La vicepresidenta valenciana se ha manifestado en estos términos antes de su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda convocada por el Ministerio, que dirige Isabel Rodríguez. Un foro en que se han puesto sobre la mesa cuestiones de extrema trascedencia como el Plan Estatal de Vivienda o el Bono Joven.

Susana Camarero ha lamentado que el Gobierno «se mueva a golpe de amenaza para intentar salvar un Ejecutivo que hace aguas» en lugar de «hacer propuestas y buscar soluciones». Y ha advertido que la Ley de Vivienda es «potestativa» Y que, de hecho, ninguna Autonomía la aplica «excepto Cataluña». Por lo que, según ha explicado: «No es una cuestión de partidos, sino de políticas efectivas».

Frente a ello, Susana Camarero ha destacado que las Comunidades Autónomas están implementado políticas de vivienda «que realmente funcionan» para crear más vivienda y reducir el precio.

Y ha explicado también que, en el caso de la Comunidad Valenciana, así se hace a través del denominado Plan Vive. Una herramienta que contempla poner en el mercado 10.000 viviendas en sólo cuatro años: «No podemos permitir la intromisión del Ejecutivo ni, mucho menos, el chantaje con una cuestión que es la tercera preocupación de los ciudadanos y la primera de los jóvenes», ha manifestado en referencia a la Vivienda.

Camarero ha recordado que el Ministerio «no tiene competencias en materia de vivienda, más allá de distribuir los fondos a las autonomías para garantizar ese derecho constitucional a los ciudadanos». En esa misma dirección, Susana Camarero se ha preguntado: «si el Gobierno nos quita el dinero a las Comunidades que hacemos las cosas bien, ¿para qué sirve si se ha autovaciado de funciones?».

En ese contexto, Susana Camarero ha explicado que el cupo catalán «nos puede costar en materia de vivienda 165 millones de euros». Una cantidad de la que ha destacado que «no es un número, sino 16.764 familias a las que el Gobierno deja sin ayudas». 

Y ha reiterado que lo que va a reclamar el Gobierno valenciano al de España es que el Plan de Vivienda atienda a criterios «objetivos, justos y equitativos». Como es el caso del «criterio poblacional» que a juicio de la vicepresidenta valenciana «da seguridad jurídica y garantía de esa objetividad necesaria a la hora de distribuir fondos» a las Autonomías.

La Generalitat Valenciana se ha sumado además al comunicado conjunto emitido y firmado por los gobiernos de 12 de las 17 comunidades autónomas en el que esas comunidades reivindican la no intervención en los precios y en las competencias autonómicas. Y, también, el reparto igualitario de los recursos públicos.