Antifraude envía al Tribunal de Cuentas la marcha sin preaviso del 2 de Bernabé de una fundación municipal

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) enviará al Tribunal de Cuentas los resultados de la investigación efectuada por la propia agencia, que concluye que la marcha de dos fundaciones municipales por parte de dos miembros de las mismas, uno de ellos, Alejandro García, persona de máxima confianza de la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, generó un perjuicio económico a las entidades, porque estas últimas no les solicitaron indemnización por abandonar sus cargos sin haber efectuado el aviso previo en el tiempo debido, tres meses.

Antifraude remite su investigación al Tribunal de Cuentas «a efectos de que, en el ámbito de sus competencias, pueda determinar la eventual existencia de responsabilidad contable y, en su caso, las personas a que resulte imputable el menoscabo ocasionado a los fondos o derechos públicos», según el citado informe de Antifraude, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Además, Antifraude concluye que tanto Alejandro García como Javier Mateo debieron haber pagado indemnización a la Fundación Deportiva Municipal y a la Fundación Valencia Activa, respectivamente, por haber dejado sus puestos sin el correspondiente preaviso de tres meses por ocupar cargos directivos en las citadas fundaciones.

Alejandro García dejó la Fundación Deportiva Municipal en el año 2022. Lo hizo para marcharse a dirigir la comunicación de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana de la mano de la actual delegada, la socialista Pilar Bernabé. Esta última había accedido al cargo en junio, también de 2022, nombrada por Pedro Sánchez. 

Se da la circunstancia de que Alejandro García ha dejado recientemente su responsabilidad en la Delegación de Gobierno para incorporarse, en calidad de asesor, al Grupo Socialista en el Ayuntamiento, como ha publicado OKDIARIO, en un movimiento que en círculos políticos valencianos se ha entendido en el marco de la estrategia para dar un tono más político a ese grupo por parte de Pilar Bernabé, que será la candidata socialista a la Alcaldía de Valencia en mayo de 2027. Y también, para estrechar relaciones con dos mundos próximos al citado Alejandro García: las Fallas y los deportes.

En su informe, la Agencia Valenciana Antifraude manifiesta que la «extinción de la relación laboral especial de alta dirección» de Javier Mateo «no fue objeto de una adecuada calificación jurídica ni de una valoración previa de sus consecuencias económicas».

Y explica que el acceso a la condición de concejal hacía incompatible la continuidad ordinaria de la prestación de servicios en la Fundación Valencia Activa, «pero no imponía necesariamente la extinción definitiva de la relación». La normativa, siempre según Antifraude, «permitía acudir a fórmulas de suspensión o reserva de puesto y el propio interesado reconoce en sus alegaciones que pudo acogerse a dicha posibilidad y decidió no hacerlo».

Añade Antifraude en su resolución que «la documentación acredita, además, que el cese fue acordado presuntamente por el Patronato el 12 de julio de 2022, mientras la toma de posesión como concejal tuvo lugar el día 13 y la Delegación de Deportes le fue atribuida el 14». Y entiende que la extinción «fue, por tanto, anticipadamente decidida y gestionada antes de producirse formalmente la situación que se invocó como causa del cese».

Javier Mateo es quien relevó como concejal a Pilar Bernabé tras ser designada delegada del Gobierno por Pedro Sánchez en junio de 2022. Un año más tarde, en 2023, fue proclamado concejal de nuevo como componente de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Valencia. Antifraude ya cuestionó el nombramiento de Javier Mateo como subdirector de la Fundación Valencia Activa en una investigación concluida, precisamente, en 2022, tal como entonces publicó OKDIARIO. Ahora, lo que cuestiona es el modo como se produjo su marcha.

Antifraude recuerda que en el caso de la renuncia de otra subdirectora de Valencia Activa, Mar Marín, se aplicó el artículo 10 del Real Decreto 1382/1985 y se le reclamó una cantidad superior a los 14.000 euros y que no consta una justificación objetiva que explique por qué, menos de un año después, «se aplicó un criterio distinto» al citado Javier Mateo.