Gallardo afirma que España vive «una deriva tiránica» con Sánchez y apela a «la razón» para gobernar

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha dicho este viernes que España vive «una deriva tiránica» bajo un poder arbitrario encarnado por Pedro Sánchez en el que se impone antes la voluntad de quien lo ejerce que la razón o la ley. Así lo ha afirmado el dirigente castellanoleonés, haciendo referencia directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez, durante las jornadas Defendiendo la soberanía alimentaria, organizadas por el ECR (Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos) y acogidas por las Cortes de Castilla y León.

García-Gallardo ha explicado que es necesaria una aplicación «justa e imparcial» del Estado de Derecho. Algo que en España no se está produciendo debido a que el poder legislativo está dominado por «una alianza de socialistas, comunistas, antiguos terroristas y golpistas» que tienen «secuestrada la democracia».

Para el vicepresidente de la Junta es imperativo que existan distintos contrapesos de poder que «corrijan las posibles desviaciones de las formas más puras de Gobierno» para evitar que vivamos una tiranía que abuse de la democracia. Además reivindica una democracia y una ley vinculadas a la razón y no supeditadas a la emoción.

«Una razón conectada con la ley. Una ley que es una razón no sujeta ni a las pasiones ni a los intereses particulares de los hombres. Porque por mucho que algunos quieran llamar derechos a sus deseos, un deseo particular no necesariamente lo es», ha argumentado.

Durante su intervención García-Gallardo también ha puesto de relieve la incongruencia de quienes gritan consignas a favor de la democracia en las manifestaciones a favor del Gobierno de Pedro Sánchez a la vez que señalan y acusan a jueces por ejercer su trabajo. En relación a este hecho ha reflexionado sobre las elección de los jueces y si a estos los tendría que elegir directamente el pueblo. «¿Qué pasaría si en Valladolid los jueces fueran escogidos por los vecinos?», se ha preguntado.

Al hilo, el vicepresidente de Castilla y León ha recordado una idea de Cicerón donde se reivindica el derecho natural frente al positivismo jurídico. «Si los derechos se fundaran en la voluntad de los pueblos, las decisiones de los príncipes y las sentencias de los jueces, sería jurídico el robo, jurídica la falsificación y jurídica la suplantación de testamentos, siempre que tuvieran a su favor los votos de una masa popular», ha dicho.

En cuanto a la polémica sobre los «bulos» y la desinformación, que ha copado la actualidad política con motivo de los cinco días de reflexión que el presidente Pedro Sánchez se tomó la pasada semana, García-Gallardo ha asegurado que ya existen distintas vías para defenderse de ellos. «Tiene, por un lado, el derecho de rectificación que puede ejercer ante el concreto medio de comunicación. Tiene también las acciones civiles para defender infracciones de su derecho al honor y a la propia imagen y también a nivel de jurisdicción penal. Uno puede denunciar las injurias y las calumnias», ha afirmado alegando que no es serio que el PSOE quiera presentarse como adalid contra estas conductas cuando la ley ya prevé su persecución jurídica.

Por último, Juan García-Gallardo, ha defendido que en la democracia moderna existen tres pilares fundamentales: la verdad, la razón y el diálogo. Según el político la verdad existe y puede llegarse a la verdad a través de la razón y para ello es imprescindible el diálogo y no la censura. «Buscar la verdad a través de la razón mediante el diálogo», ha zanjado.

Ley de Concordia

Durante el acto del ECR García-Gallardo también ha defendido la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox que se tramita ahora en las Cortes autonómicas y se ha preguntado «quiénes son los relatores del informe de la ONU y con quién guardan afinidad».

García-Gallardo se ha referido de este modo a la resolución de la ONU a través de la que ha instado al Gobierno de España a que «tome las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, tras alegar que pueden «invisibilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».

«Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución», ha cuestionado García-Gallardo.