Vuelve el ‘caso Cursach’: el despacho Fuster-Fabra se persona en el procedimiento contra el socio del capo

A pesar de la exculpación de todos los acusados y el posterior juicio contra los instructores, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, el caso Cursach sigue vivo y ahora entra en una nueva fase en la que jugará un papel importante el prestigioso despacho de abogados Fuster-Fabra. Se trata del  procedimiento contra el que fuera uno de los principales socios del capo Bartolomé Cursach, el empresario Onofre Pascual, hijo del también empresario Miguel Pascual. Ambos fueron denunciados por el empresario Bruno da Silva por delitos de extorsión y organización criminal. También denunciaron al policía local Gabriel Torres, acusado de haber estado «a sueldo» de empresarios para perjudicar a sus competidores.

Onofre Pascual, que se puso al frente de los negocios de su padre, ha presentado ahora una querella contra Bruno da Silva por denuncia falsa. En este procedimiento Da Silva será defendido por el despacho Fuster-Fabra. Se abre así una nueva etapa en la que se podrán dilucidar muchos de los interrogantes que quedaron en el aire con la sorprendente decisión del fiscal anticorrupción  Tomás Herranz de absolver a Cursach después de haberle acusado de múltiples delitos. Como se recordará, Herranz acabó pidiendo disculpas entre lágrimas a Cursach y los demás acusados precisamente por haberles acusado.

La cronología

La historia que ahora vuelve a salir a relucir se remonta al año 2013. Miguel Pascual era uno de los principales competidores de Cursach en el ocio nocturno y ambos empresarios se vieron abocados a llegar a un acuerdo para repartirse el suntuoso negocio de la noche en Mallorca.  Como ya publicó OKDIARIO el 13 de mayo de 2020, Cursach y Pascual se aliaron para repartirse el pastel y centraron sus esfuerzos en impedir que entrara alguien más en el negocio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra Cursach y Pascual, para lograr sus objetivos utilizaron métodos mafiosos y sobornaron a agentes de la Policía Local de Palma, que se encargaron de realizar inspecciones injustificadas a los negocios de la competencia hasta asfixiarlos a cambio de dádivas.

La principal víctima de la alianza entre Pascual y Cursach y sus métodos mafiosos fue el empresario  Bruno da Silva cuando montó un local de ocio nocturno. Aquí empezó la guerra.

Miguel Pascual consideró que el logotipo de la empresa podía resultar similar a uno de los utilizados en sus múltiples negocios. Onofre Pascual –hijo de Miguel Pascual– concertó una reunión con el empresario Da Silva para negociar un cambio de imagen del isotipo y evitar confusiones entre ambos locales. La familia Pascual creía que la afluencia de clientes en el local de Da Silva se debía a una confusión por parte de los consumidores debido al parecido de las imágenes representativas de ambos locales. A golpe de talonario convencieron al empresario a que rediseñase el imagotipo de su empresa

Sin embargo, con el tiempo se percataron de que los clientes continuaban visitando el local de Bruno da Silva. La familia Pascual fue más allá y negoció el traspaso del negocio. Durante meses se reunieron para cerrar el acuerdo. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Bruno solicitaba un millón de euros para traspasarle el local. En realidad, este empresario no estaba interesado en dejar el negocio, a no ser que recibiese una oferta muy apetitosa. El local le generaba un gran beneficio que con el tiempo iba creciendo y cada vez contaba con más clientes fijos.

Onofre Pascual decidió dejar las negociaciones en suspenso y un tiempo después, según el escrito de acusación, Bruno da Silva comenzó a recibir visitas diarias y constantes de la Patrulla Verde (unidad específica de la Policía Local de Palma de defensa del medio ambiente y lucha contra la contaminación acústica). «Esta brigada, dirigida por aquel entonces por el oficial Torres, realizó inspecciones y mediciones de sonido rutinarias todos los días en las horas de mayor afluencia de clientela del negocio de Bruno da Silva y, sobre todo, durante los meses de temporada alta. El efecto provocado por las continuas inspecciones era claro: como cabía esperar, la clientela huía espantada del local, lo que conllevaba enormes pérdidas diarias, así como también una disminución progresiva en la fidelización de cartera de clientes», relata el  escrito de acusación.

Bruno da Silva se vio abocado a cerrar el negocio debido a las innumerables multas impuestas por este policía local o agentes a su cargo. Estos hechos ocurrieron en 2013. Cuando Da Silva fue a denunciar a dicha brigada, le informaron que ya estaban investigando a esta patrulla por varios delitos, por lo que decidió no interponer la correspondiente denuncia.

Miguel Pascual

Miguel Pascual, padre de Onofre Pascual, fue el primer empresario implicado en la trama de corrupción de la Policía Local de Palma. En febrero de 2015, dos años antes que Bartolomé Cursach, fue detenido por pagar a policías a cambio de protección para sus locales con servicios de todo tipo. En esta operación también se arrestó por primera vez a agentes de la Policía Local. Pascual salió de prisión un tiempo después tras abonar una fianza de 125.000 euros.

Al mismo tiempo fue investigado por prostitución después de que varias testigos protegidas declararon que se les obligaba a ejercer la prostitución. La Fiscalía pedía para él 28 años de prisión. Sin embargo, fue absuelto en el juicio porque las testigos decidieron repentinamente no declarar pese a que en la etapa de instrucción del proceso judicial sí lo habían hecho.

El oficial Gabriel Torres fue procesado en la pieza principal del caso Cursach. La Fiscalía, en su escrito de acusación, aseguraba que «el oficial de la unidad de patrulla verde de la Policía Local de Palma, se puso de común acuerdo con Bartolomé Capó, que era subinspector y responsable directo de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, para favorecer al grupo empresarial Cursach Ocio. Así estos dos les ordenaban a sus agentes al cargo de manera verbal los establecimientos que debían y los que no debían ser inspeccionados. Dichas decisiones eran arbitrarias e injustificadas y generaban consecuencias administrativas, al tiempo que ocasionaba perjuicios económicos a diversos empresarios».

El Ministerio Público le acusó de delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa continuada, cohecho, omisión del deber a perseguir delitos, coacciones y revelación de secretos.

Fuster-Fabra

Toda esta trama de corrupción parece que había quedado en el olvido tras la exculpación de todos los acusados en el caso Cursach pero muchas cuestiones siguen en el aire y no se sabe lo qué realmente sucedió. Algunas incógnitas pueden resolverse en este nuevo proceso en el que el despacho Fuster Fuster Fabra defenderá al empresario Bruno da Silva, una de las principales víctimas del capo de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, y sus socios, los Pascual, padre e hijo.

Dos abogados del despacho Fuster-Fabra, Juan Ignacio Fuster Fabra y Miguel Chacón ya han intervenido en la segunda fase del caso Cursach, el juicio contra los instructores Penalva y Subirán. Los dos abogados han defendido durante el juicio, pendiente de sentencia, a la inspectora de la Policía Blanca Ruiz.