El PSOE y el director de la Oficina Anticorrupción rechazan el cierre anunciado por el Govern de Prohens
El director de la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, defiende la continuidad de este ente que el Govern del PP pretende cerrar antes de final de año. Tòfol Milán, que ha ocupado diversos cargos en administraciones gobernadas por el PSOE, niega que la Oficina tenga duplicidades con otros organismos como la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas y asegura que nadie le ha comunicado la desaparición de la misma.
Milán ha comparecido este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament donde ha expresado su sorpresa ante la voluntad de cierre cuando desde el Estado y la Unión Europea se reclama más apoyo a estas oficinas. Ha puesto como ejemplos los casos de Valencia, Catalunya, Navarra o Andalucía, donde no hay ninguna voluntad de eliminarlas.
El PP, por su parte, ha defendido que la Oficina Anticorrupción se ha caracterizado por actuar contra el PP y no intervenir en los casos que afectan al PSOE como la vacunación anticipada de altos cargos y los casos Puertos y Varadero. Así lo ha dicho la diputada popular Cristina Gil en su intervención.
El actual director de la Oficina Anticorrupción, Cristóbal Milán, fue director general de Presupuestos con el Govern del socialista Francesc Antich, entre 1999 y 2003, y luego interventor general en esta misma Administración entre 2007 y 2011. Posteriormente, pasó a la dirección general de la Guardia Civil donde fue asesor de Presupuestos e Infraestructuras entre 2006 y 2007 con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior.
En su intervención defendiendo la continuidad de la Oficina, Milán ha advertido que las personas que en su momento presentaron denuncias tienen derecho a que se resuelvan «de una manera o de otra». También ha explicado que en caso de cerrarse, la institución que lo ordenara tendría que hacerse cargo del personal.
Tòfol Milán ha concluido una de sus réplicas indicado que le supo muy mal que en sede parlamentaria se calificara al ente como oficina socialista anticorrupción al considerarlo una falta de respeto a los trabajadores.
Milán se ha referido, igualmente, al presupuesto de la Oficina. «Baleares solo destina dos de 10.000 euros a luchar contra la corrupción. ¿Alguien puede pensar que esto es un presupuesto desorbitado?», se ha preguntado. «En los presupuestos hay otros gastos exagerados y nadie dice nada. Con 1,5 millones de euros tenemos que atender todas las denuncias. Es una cantidad francamente pequeña», ha apuntado.
El director de la Oficina ha asegurado que desde que tomó posesión no ha recibido la llamada de ningún partido político «ni siquiera para preocuparse por cómo iba el trabajo».
Por su parte, el PSIB ha advertido del «peligro» que consideran que representa eliminar la Oficina Anticorrupción de Baleares ya que, desde su punto de vista, «supone un llamamiento a bajar la guardia en relación con la corrupción», informa Europa Press.
Así se ha pronunciado en una comisión parlamentaria el portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Marc Pons, en relación al anuncio del Govern de querer cerrar este ente. «Representa la eliminación de un filtro en la necesidad que las instituciones actúen contra una realidad existente, que es la corrupción», ha dicho.
Además, ha considerado «preocupante que sea el Govern quien abandera la necesidad de prescindir de este organismo» y ha reiterado que su grupo ve esencial esta Oficina, de la que ha admitido que seguramente tenga «espacios de mejora».
Pons también ha opinado que no existe duplicidad con ningún otro organismo y ha advertido que «hay tareas que o las hace la Oficina, o quedaremos desprotegidos, perdiendo mecanismos y filtros que ayudan a combatir la corrupción».
Més per Menorca
Finalmente Més per Menorca ha reafirmado su compromiso con la continuidad de la Oficina Anticorrupción puesto que considera que «tiene un coste, pero la corrupción tiene un coste mucho mas alto». Así lo ha explicado el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells.
En este sentido, Castells ha afirmado que en la comparecencia «se ha constatado que la Oficina Anticorrupción no presenta duplicidad de funciones», que es a lo que PP y Vox «esgrimen para justificar su posible eliminación».
Por ejemplo, ha explicado que la Sindicatura de Cuentas «no tiene competencias en investigación y no las puede tener porque está establecido así en el Estatut d’Autonomia».
Igualmente, ha hecho referencia a las palabras de Milán que ha explicado que «el presupuesto de la Oficina Anticorrupción representa el 0,02 por ciento de la Comunidad Autónoma». Por ello, Castells ha considerado que «la Oficina tiene un coste pero la corrupción tiene un coste mucho más alto».