El presidente de AENA califica de «imposible» la cogestión de los aeropuertos de Baleares

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, asegura que el marco normativo que regula la actividad del gestor aeroportuario español hace «imposible» el cambio de modelo y del sistema aeroportuario español. De este modo respondía Lucena a los requerimientos del fondo de inversión TCI, principal accionista privado de la compañía con más de un 6%, que en una carta enviada al consejo de administración y la presidencia ha solicitado al gestor defender la gestión centralizada de la red aeroportuaria española.

Los temores de TCI proceden de las demandas de cogobernanza formuladas desde Cataluña, País Vasco, Andalucía, Canarias y Baleares, donde se han planteado distintas fórmulas para que entidades autonómicas y locales participen en la gestión de sus aeropuertos junto con Aena.

El fondo teme que esa cogestión pueda desembocar en derechos de veto o delegaciones de competencias a ejecutivos regionales que abrirían un conflicto.

Lucena destacó el «privilegio» y el «honor» que supone para Aena contar con TCI como accionista, subrayando que el fondo, que llegó a poseer más del 8% de las acciones y actualmente mantiene un 6%, lleva una década como inversor relevante.

Lucena interpreta el comunicado de TCI no como una exigencia directa a Aena, sino como un «recordatorio de los límites legales y corporativos» que rigen la compañía.

Por todo ello, el directivo ha querido enviar un mensaje de «tranquilidad» a los accionistas públicos y privados, a los trabajadores, a los analistas y a los clientes de Aena, que incluyen aerolíneas y millones de pasajeros.

En este sentido, enfatizó que el actual marco normativo, compuesto por diversas normas y jerarquías legales, hace «imposible» un cambio en el modelo de gestión de Aena y del sistema aeroportuario español.

«Marco normativo solo hay uno», insistió, descartando cualquier posibilidad de modificación en la estructura societaria o accionarial de la compañía bajo las condiciones actuales.

Asimismo, Aena ha precisado que, a día de hoy, no tiene constancia de ninguna propuesta o proyecto político que haya alcanzado un grado de concreción que requiera una actuación por parte de la sociedad. En todo caso, advierte de que cualquier iniciativa que así lo hiciera recibiría una respuesta «inmediata y contundente».

La compañía ha reafirmado su compromiso de continuar vigilante y, en caso necesario, adoptar las medidas oportunas en defensa de la legalidad vigente, de su interés societario y de los derechos de todos sus accionistas, tanto públicos como privados.

El debate se produce en pleno lanzamiento del plan inversor 2027-2031, por valor de 12.888 millones de euros, con el que Aena pretende modernizar y ampliar sus infraestructuras. Este programa, presentado el pasado 18 de septiembre, contempla una subida de tarifas del 6,5%, alcanzando un máximo de 11,03 euros por pasajero.