PP y Vox amplían de dos a cuatro años el plazo de los funcionarios del Govern para acreditar el catalán

PP y Vox amplían de dos a cuatro años el plazo de los funcionarios del Govern para acreditar el catalán a través de un decreto ley que lo rebaja expresamente para los celadores y, en general, para todos aquellos empleados públicos inmersos en los procesos de estabilización laboral.

Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha confirmado que el decreto ha sido pactado con Vox y será previsiblemente convalidado en el Parlament con sus votos y los del PP.

En concreto, el decreto modifica una disposición adicional del decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública (de junio de 2022) para prorrogar el plazo del que disponen los funcionarios para acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización. Aquellos que accedieron a un puesto de trabajo público sin tener el nivel lingüístico exigido y que disponían de dos años para acreditarlo, ahora tendrán cuatro años.

Costa ha afirmado que ambas medidas son necesarias y urgentes para evitar que el Govern tenga que despedir a unos 145 trabajadores públicos, la mayoría (123) de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia.

Por otra parte, se añade una disposición adicional al decreto que marca los requisitos lingüísticos en la sanidad pública para rebajar el nivel de conocimiento que deben tener los celadores.

El vicepresidente del Govern ha justificado ambas medidas por un asunto de «pragmatismo» y en repetidas ocasiones ha trasladado su agradecimiento a los de Santiago Abascal.

El decreto de medidas extraordinarias y urgentes también marca que las transferencias mínimas anuales vinculadas a las leyes de capitalidad de Palma e Ibiza y a la de reserva de la biosfera de Menorca sean de 33 millones de euros. Asimismo, prevé la posibilidad de financiar el traslado de residuos de Formentera a Ibiza.

Vox, en un comunicado, ha asegurado que ha sido la firmeza en las negociaciones lo que «ha logrado frenar uno de los principales mecanismos de exclusión del sistema: la imposición del catalán como requisito excluyente en la función pública».

Desde Vox Baleares aseguran que «no permitiremos que se expulse a ningún profesional sanitario por no tener un título de catalán. Lo importante es que los ciudadanos reciban una atención de calidad lejos de los delirios ideológicos de algunos».

Estas medidas recogidas dentro del decreto ley suponen para Vox «un paso firme para desmontar el entramado separatista que durante años ha servido para discriminar, excluir y adoctrinar. Seguiremos trabajando para acabar con todos los requisitos lingüísticos excluyentes en la administración, esto es sólo el comienzo».