Podemos compara al alcalde de Palma con Albiol por intervenir en una vieja cárcel llena de okupas

Podemos ha atacado al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, al que ha acusado de seguir la política «racista y aporofóbica» del alcalde de Badalona Xavier García Albiol, por la intervención policial de este pasado miércoles en la vieja y abandonada cárcel de la capital balear, tomada desde hace años por todo tipo de okupas y delincuentes.

La única concejal de la formación morada en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha asegurado que el alcalde Martínez «constituye una verdadera guerra contra las personas más pobres de la ciudad», aunque no ha hecho referencia alguna a la gran cantidad de delincuentes con largo historial delictivo que habitan en la antigua prisión palmesana y que se han convertido en una pesadilla diaria para muchos vecinos y comerciantes del barrio de Cas Capiscol.

De hecho, hace tan sólo unos días, un okupa de la abandonada prisión le arrebató el bolso y la cartera a una mujer mayor que acababa de salir de misa. El robo se produjo sobre las 12:00 horas, a plena luz del día, y le provocó un ataque de ansiedad a la anciana.

A pesar de todo, la concejal podemita  ha comparado el operativo policial de este miércoles en la cárcel vieja de Palma, que se saldó con un detenido y un total de 165 okupas identificados, con el desalojo de 200 personas, la gran mayoría inmigrantes africanos, de un instituto de Badalona que ordenó un juez por motivos de seguridad.

Para Lucía Muñoz es «inaceptable» que el Ayuntamiento de Palma «priorice» la intervención policial antes que garantizar vivienda digna y recursos de acompañamiento integral, según ha dicho, sin nombrar en ningún momento la cantidad de robos, agresiones e incendios provocados que se producen en el interior de la antigua prisión palmesana.

En palabras de la concejal de Podemos, la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma en la vieja cárcel supone una «criminalización de la pobreza que solo agravia la situación de las personas vulnerables».

Aunque Lucía Muñoz no lo mencione en sus manifestaciones políticas, el recinto se ha transformado en un hotel ilegal donde la violencia, el robo, el consumo de drogas y los incendios son parte de la vida diaria. Los vecinos denuncian la presencia de coches abandonados, desguazados y la coexistencia de perros, gatos y ratas de gran tamaño. Bandas como los 24/7 El Caserío, grupos de ex menas y personas de diferentes nacionalidades asociadas a delitos conviven con residentes locales enganchados a drogas o alcohol, generando conflictos continuos.

Además, los okupas que residen allí desde hace años han convertido parte del recinto en un negocio ilegal, alquilando infraviviendas sin luz ni agua a precios de entre 300 y 400 euros por estancia. La emergencia habitacional y la desesperación de quienes buscan un techo son aprovechadas por estas mafias locales.

El futuro del antiguo centro penitenciario apunta a un derribo para construir viviendas sociales, pero mientras tanto, la vieja cárcel sigue siendo un símbolo de caos y peligro para el barrio, y los últimos hechos delictivos, como el robo a la mujer mayor, evidencian la urgente necesidad de intervención de las autoridades.