Otros dos altos cargos del PSOE en el Gobierno de Mallorca se aseguran una plaza de funcionario

Altos cargos del Consell.
La presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera, durante un pleno.

Aparte de la socialista Sofía Alonso, presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), otros dos altos cargos del Consell de Mallorca se han asegurado una plaza de funcionario mediante el proceso de estabilización, la reconversión de interinos en fijos. Se trata del director general de Atención Comunitaria y Proyectos Estratégicos, Omar Lamín, y de  Elsa Herranz, directora Insular de Atención Sociosanitaria. Son dos destacados miembros del PSOE que ya tienen su futuro laboral asegurado fuera de la política.

Al igual que Sofía Alonso, Omar Lamín y Elsa Herranz son altos cargos del IMAS, el organismo del Consell de Mallorca que tiene las competencias de la tutela y protección de menores. Esta misma semana Omar Lamín ha sido incluido en la lista electoral que presenta la presidenta Francina Armengol para las elecciones del próximo mes de mayo. Ocupa el puesto número 12 de la candidatura al Parlament.

Elsa Herranz, directora insular de Atención Sociosanitaria, es miembro del PSOE de Llucmajor y a falta de confirmación oficial formará parte de la candidatura de este partido a la Alcaldía. Se presenta al concurso de méritos para obtener una plaza de fija de trabajadora social, al igual que Omar Lamín y la propia Sofía Alonso.

Los tres altos cargos tienen asegurada la plaza de funcionario debido a las puntuaciones que acumulan, primero como interinos y después precisamente por el hecho de ser altos cargos. En el caso de que el PSOE siga gobernando en el Consell de Mallorca, los tres podrán pedir excedencia por cargo político y sus puestos serán cubiertos por interinos. En este caso, impedirían que tres trabajadores en abuso de temporalidad puedan obtener la estabilidad tan ansiada y reconocida por la jurisprudencia europea.

En el caso de Sofía Alonso se da la circunstancia de que se beneficiará del proceso de estabilización de plazas como educadora social al apuntarse a la convocatoria cuyas bases ella misma ha firmado y después de haberse mostrado incapaz de encontrar una solución para los cuatro educadores con décadas de experiencia que serán despedidos el próximo mes de septiembre. Son cuatro competidores menos para que Alonso consiga su plaza.

Com ha ido contando OKDIARIO, el Consell de Mallorca que preside la socialista Cati Cladera ha sido incapaz de encontrar una solución para evitar el despido de cuatro educadores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) afectados por el proceso de estabilización.

Son cuatro personas con décadas de experiencia laboral como educadores en un organismo tan importante como el IMAS, que tiene las competencias en la protección de menores. Un organismo cuya gestión política está en entredicho debido al escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas.

Los educadores que serán despedidos tienen más de 55 años de edad y se han visto sorprendentemente excluidos del proceso de estabilización por un cúmulo de actuaciones incomprensibles y anómalas y la falta de interés por parte del Consell hacia su propio personal.

Era el año 2002 cuando los afectados accedieron como educadores al Consell de Mallorca a través de la bolsa ordinaria resultante de unas oposiciones que superaron aunque se quedaron sin plaza. En estas oposiciones el requisito de titulación académica fue el Bachillerato a pesar de que en 1991 ya se había puesto en marcha la diplomatura de Educación Social.

Años después el IMAS decidió aumentar el requisito de titulación, siendo necesaria la diplomatura de Educación Social o habilitación equivalente. No todo el personal que accedió con el Bachillerato pudo habilitarse al no disponer de la diplomatura quedando en una situación compleja ya que no podrían presentarse en las siguientes oposiciones de su especialidad.

Las oposiciones no llegaron hasta 2019 pero sus plazas no se vieron afectadas.

Ahora el proceso de estabilización sí que les afecta directamente. El IMAS reconoce que mantener a estos trabajadores en su sitio durante años ha sido una anomalía pero no acepta su culpabilidad, y la mejor forma que tiene de solucionar su mala actuación ha sido hasta ahora no buscar ninguna solución para evitar que el personal afectado quede excluido del proceso de estabilización y se vea abocado al despido.

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