Los manteros de Palma siguen igual en 2025 y toman la primera línea turística en torno a La Seu

Los manteros de Palma arrancan con fuerza el año y vuelven a copar la primera línea turística de La Seu en todo el entorno de Dalt Murada ante una más que patente falta de vigilancia policial en el primer fin de semana de 2025.

Si durante el pasado verano fueron varios los dispositivos que se pusieron en marcha para disuadir a decenas de inmigrantes ilegales de instalarse en los principales puntos de interés turístico para realizar esta actividad, en este arranque del año no se tiene constancia de que se haya ordenado una actuación en este sentido.

Aunque el alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, prometió en la pasada campaña electoral que pondría fin a la venta ambulante ilegal y a la permisividad del anterior gobierno de izquierda con el top manta, no está siendo tan fácil cumplir esta iniciativa.

No obstante, se han dado pasos positivos en este año y medio de legislatura en línea con lo demandado con las patronales del pequeño comercio, que en varias ocasiones han aplaudido la ofensiva policial llevada a cabo por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma contra la venta ambulante irregular, porque como reconocían desde Afedeco «llevamos meses, incluso años, denunciando estas prácticas ilícitas que ponen en peligro el comercio local».

Habrá que ver en la práctica, en este sentido, el resultado que tiene la nueva ordenanza cívica que el alcalde Jaime Martínez tiene previsto aprobar en el pleno ordinario de final de mes de forma inicial y que, entrará en vigor, si no hay imprevistos antes de que arranque la próxima temporada.

Entre otras cuestiones y en lo referido a la venta ambulante ilegal, el apartado cinco del artículo 112, deja claro que la venta ambulante no autorizada de productos diferentes al alcohol u óxido nitroso, «si se exponen en el suelo o en mobiliario urbano (manteros y asimilados) se sanciona en su grado máximo». Esto es, entre 2.500 y 3.000 euros.

Pero a su vez, también se tipifica como sanción, en este caso leve pero con multas de entre 300 y 750 euros en caso de ser reincidentes, «la compra» de productos del top manta, cosa que hasta la fecha no sucedía.

También recoge la prohibición expresa de «colaborar con los vendedores ambulantes no autorizados en el espacio público con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad» y, a su vez, «comprar en el espacio público toda clase de artículos procedentes de la venta ambulante no autorizada», salvo, «cuando esta compra se efectúa en mercados autorizados».

Pero además de incrementar unas sanciones que rara vez o nunca se pueden cobrar dada la insolvencia de estos vendedores ilegales, el Ayuntamiento de Palma tendrá que poner en marcha un operativo policial activo y permanente para que no conviertan los principales enclaves turísticos de la capital balear en el epicentro de su actividad. Así sucedió la pasada legislatura con el anterior gobierno del alcalde socialista, José Hila, donde hubo un incremento exponencial del top manta.

Habrá que ver en este sentido cuándo se pone en marcha la reorganización de la Policía Local, y si el aumento en 100 agentes previsto para 2026 se hace efectivo y se destinan a labores de proximidad, tal y como anunció este otoño el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets.

Los 100 policías que se incorporarán este año se suman a los 55 que tenían que estar ya en activo, por lo que por ahora ya se han aprobado 155 nuevas plazas policiales, aún no materializadas, pero que suponen más de la mitad de las 300 contempladas en el programa de gobierno del PP en las pasadas elecciones municipales.