La Justicia ordena otra investigación al Govern que presidía Armengol por falsedad documental

El Juzgado de Instrucción número 10 de Palma ha ordenado una nueva investigación a la Conselleria de Industria que dirigía el ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes, que a su vez era vicepresidente del Govern de Francina Armengol. La investigación se centra en una segunda manipulación de un documento público y se suma a la que ya desarrolla el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma. En la causa destapada por OKDIARIO  y conocida como caso Varadero ya hay tres imputados.

Las dos falsificaciones se refieren al mismo documento público y ambas se hicieron con la intención de proteger a determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobernaba en Baleares bajo la Presidencia de Francina Armengol. Se protegía a determinadas empresas en perjuicio de otras y entre éstas últimas está el Grupo Fabkina, que ha presentado las querellas contra la Conselleria de Yllanes.

La primera manipulación de un documento público se realizó para poder archivar los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. Se modificaron las fechas de un documento para posibilitar el archivo de los expedientes.

El Grupo Fabkina, como perjudicado, presentó una querella en el Juzgado de Instrucción número 1, que actualmente sigue investigando la causa en la que ya han declarado como imputados  el que era director general de Política Industrial del Govern, Antoni Morro, y, y una alta funcionarias responsable de los Servicios Jurídicos de la Conselleria de Yllanes.

Los supuestos delitos de corrupción cometidos por la Conselleria de Yllanes fueron desvelado por este digital y el tema llegó al Parlament. Ahora se ha sabido que un año después de la expedición del documento antes mencionado, con la investigación ya en marcha, se modificó el Código Seguro de Verificación (CSV) del mismo.

«Se ha vuelto a alterar el documento, concretamente el CSV, alteración que no se produce si no es porque existe una motivación para ello… y teniendo en cuenta los antecedentes, es un  hecho que debe ser investigado», se afirma en la querella presentada por el Grupo Fabkina en la que se recuerda que «la Administración pública  ostenta la obligación de garantizar la integridad de los documentos expedidos por ésta»

Además, hay tres informes periciales que acreditan que el documento original ha sido manipulado: se ha modificado la fecha, la firma  y el CSV.

Según la juez titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, «todo ello permite concluir que los hechos denunciado deben ser investigados a los efectos del total esclarecimiento de los mismos».

En esta nueva investigación al Govern Armengol, la juez ya ha citado a declarar como imputados al ex director general de Política Industrial del Govern Antoni Morro y al ex director general de Modernización Digital y Administración Digital Ramon Roca. Están citados a declarar el próximo 22 de noviembre, a las 10.00 horas. También está citado como testigo el perito encargado del informe pericial, aportado por la empresa en el recurso, para ratificar el mismo.

Es la segunda imputación que recae en el que era número 2 del vicepresidente del Govern, y ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes. La primera fue por la modificación de la fecha del documento y ahora, por la modificación del Código Seguro de Verificación del mismo documento.

Segunda investigación al Govern de Armengol

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente los mencionados delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente. El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.