El juez Sobrino y el afán de notoriedad

La decisión de Juan Manuel Sobrino de abrir juicio oral contra Gabriel Le Senne por un delito de odio por romper una fotografía en la que aparecían Aurora Picornell y otras dos compañeras comunistas fusiladas, tras un forcejeo del presidente de la Cámara con la socialista Mercedes Garrido el pasado mes de junio, sitúa al juez de instrucción en la estela de otros aguerridos jueces que, en busca de notoriedad pública, no vacilaron en crucificar a políticos derechistas por «indicios» de verdaderas minucias.

Desgraciadamente, los juzgados de instrucción de Baleares están llenos de jueces por hacer méritos con ansias de convertirse en jueces estrella. Recordemos al juez José Castro, por ejemplo, que llegó a imputar en el famoso juicio de los discursos a Jaume Matas de más de treinta delitos, saldándose la causa en un mero delito de tráfico de influencias. O en el juez de instrucción Íñigo Ares, que ha alargado ocho años la causa del Club Calanova contra Carlos Delgado, substanciándose finalmente en una absolución. Le Senne está recibiendo la misma medicina.

Hace apenas una semana el fiscal pedía por segunda vez el archivo de la causa contra Le Senne en un auto donde vapuleaba con dureza los débiles argumentos del Sobrino en su afán por alargar sin motivo una causa que tiene todos los ingredientes de una cacería política contra el actual presidente de la Cámara balear.

La Fiscalía, basándose en una jurisprudencia ya muy consolidada, era muy clara a la hora de delimitar los delitos de odio, precisamente por el abuso que se ha hecho de ellos para resolver cuitas meramente políticas como la que nos ocupa. En el acto agresivo de un delito de odio deben concurrir dos circunstancias: a) una motivación discriminatoria y excluyente contra alguien de un determinado colectivo por el simple hecho de pertenecer a él; b) el dolo, esto es, el conocimiento y la voluntad inequívocos de cometer una determinada acción para lesionar la dignidad de las víctimas.

El fiscal recordaba que ninguna de las dos circunstancias ha quedado acreditada en el forcejeo de Le Senne con Mercedes Garrido que terminó con la rotura de una fotografía de las tres víctimas frentepopulistas. Por una parte, el fiscal no observa en las diligencias efectuadas que el desafortunado incidente obedeciera a ninguna animadversión precocinada de antemano por Le Senne contra las víctimas fotografiadas, sino a una reacción desaforada provocada por el enojo del presidente del parlamento balear.

Por otra, tampoco observa discriminación alguna contra el colectivo de víctimas fusiladas en los compases del estallido del Movimiento Nacional puesto que Le Senne, en ningún momento, mostró ninguna voluntad de retirar los carteles con las mismas fotografías que se exhibían con normalidad en la bancada zurda de la Cámara. Le Senne sólo puso objeciones a los carteles pegados a los ordenadores portátiles de sus dos compañeras de mesa, las socialistas Garrido y Costa, precisamente porque entendía que la Mesa debía ser neutral.

Seamos claros al respecto. Desde el minuto uno sabíamos que, vistas las imágenes del incidente que enseguida se viralizaron, la causa contra Le Senne nacía muerta y sin recorrido judicial ninguno más que la comba que un juez como Sobrino le pudiera dar para mayor gloria de la prensa balear que día tras día vende a su parroquia conclusiones apodícticas como la que Le Senne, en calidad de diputado de Vox y por el mero hecho de pertenecer a este partido, transige con el franquismo y, en consecuencia, odia tanto a los comunistas que «su odio» le condujo a romper una foto con la imagen de las víctimas, sin tener en cuenta el contexto en el que se produjo, un rifirrafe con los nervios a flor de piel por el tema que se estaba tratando, presionado por algunos grupos parlamentarios que le conminaban a retirar las fotos de sus compañeras de Mesa y la provocación deliberada de las dos diputadas socialistas que tenían el mismo afán que el juez Sobrino: buscar un titular.