El juez abre juicio contra Gabriel Le Senne por un delito de odio y le impone una fianza de 40.000 euros

El fiscal afirmó que  la reacción del presidente de la Cámara autonómica vino motivada por el hecho de que las socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido, miembros de la Mesa, no atendieran sus indicaciones de retirar las fotos de Aurora Picornell y otras víctimas del franquismo.

El juez Sobrino se desmarcó pronto de los argumentos del fiscal y dicto un autor por el que acordaba continuar las diligencias previas en el procedimiento abierto por delito de odio contra Le Senne . En el auto, el juez consideraba que hay indicios suficientes para considerar que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de odio del queLe Senne puede ser responsable penal.

Cronología de la causa

Los hechos sucedieron en el pleno del 18 de junio del año pasado en el que se estaba debatiendo la toma en consideración de la derogación, que proponía Vox, de la Ley de Memoria Democrática. En aquel momento, Le Senne acabó arrancando la fotografía que Garrido lucía en su ordenador, tras varios intentos para que fueran retiradas. Garrido y Costa acabaron expulsadas.

El fiscal delegado de Delitos de Odio cree que, una vez analizadas las declaraciones en instrucción y los vídeos de aquella sesión parlamentaria no ha quedado acreditado el dolo que conforma el tipo subjetivo del delito de odio, en este caso, «la voluntad de lesionar la dignidad y la memoria de las mujeres víctimas de la represión franquista y que se veían representadas en la fotografía y la de sus actuales familiares», ni tampoco que todo ello obedeciera a una motivación discriminatoria.

Para el fiscal de la visualización de los videos de la sesión parlamentaria y de las declaraciones de los diferentes testigos se deduce la existencia de «un acto colérico de mala praxis y formas sin duda incorrectas» por parte del investigado mediante una acción absolutamente desafortunada y desproporcionada «ajena al mínimo decoro parlamentario y al puesto ejercido», pero evidenciando más bien una reacción, fuera de lugar, que expresaba su fuerte enojo ante el incumplimiento por parte de las parlamentarias de las órdenes que el investigado impartía reiteradamente para no poner o quitar la fotografía y que el investigado consideraba que formaban parte de sus atribuciones como presidente de la cámara.

El representante del Ministerio Público recuerda en su escrito que el propio Le Senne reconoció que romper la fotografía fue inapropiado y aseguró que entendía que las familias se pudieran sentir molestas, por lo que pidió disculpas.

Se apunta también para argumentar el archivo que ni en los momentos previos al hecho de romper la fotografía, ni mientras tiene lugar este «inadmisible hecho», ni inmediatamente después, el investigado profiriera descalificaciones o insultos o efectuase cualquier otro acto revelador de una voluntad clara de humillar o discriminar.

Las acusaciones, ejercidas por los colectivos Memòria de Mallorca, Estimada Aurora, el Partido Comunista y familiares de las víctimas, consideraban que había argumentos para sentar en el banquillo a Gabriel Le Senne al creer que actuó movido por motivos ideológicos.

La versión de Gabriel Le Senne

El pasado mes de septiembre Gabriel Le Senne explicaba en una entrevista con OKDIARIO su versión de lo sucedido. Se expresaba así: «Lo primero que querría decir es que no tengo nada en contra de la señora Aurora Picornell. Sólo faltaría. Digo esto porque es un tema muy sensible. Picornell fue una pobre chica de 23 años que fue ejecutada en esa guerra tan tremenda. Ellos [la izquierda] mutilan los hechos, cogen sólo los cinco segundos en los que yo me enfado y termino haciendo eso. Omiten los 45 minutos anteriores donde yo voy hablando con la señora Mercedes Garrido. Le expliqué que esa foto, que también exhiben los diputados de la izquierda, rompe la neutralidad de la Mesa del Parlament».

Y añadía Le Senne: «Les intento convencer de que la retiren de manera voluntaria y me llegan a decir que lo harán después de la intervención de un diputado de Vox. Finalmente opto por decirles públicamente que la retiren, pero se niegan y les llamo al orden. El presidente tiene la obligación de mantener la neutralidad en una sala de plenos. Al final, la expulso por esa actitud rebelde. Le cierro el ordenador a Garrido, pero ella, en lugar de irse, lo vuelve a abrir. En ese momento decido tirar de la foto con la desgracia de que se rompe. Fue un acto inintencionado».