Los independentistas de la OCB presionan a los colegios para que no permitan la libre elección de lengua

Los independentistas de la OCB (Obra Cultural Balear) presionan a los colegios de Baleares para que no permitan la libre elección de lengua y no se adhieran al plan piloto que el Govern de Marga Prohens pondrá en marcha de cara al próximo curso escolar.

La entidad, que en 2017 avaló el golpe contra la Constitución de la Generalitat y que defiende la imposición del catalán y la erradicación del español en los centros de enseñanza de las Islas, ha remitido una carta a la dirección de todos los colegios públicos y privados, para que no se sumen a esta iniciativa del Ejecutivo autonómico del PP.

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha insistido en rueda de prensa en que el plan no se ha consensuado con ningún agente educativo, «por mucho que lo diga el conseller Vera», y ha recordado que cuando se publique la resolución presentarán un recurso contencioso-administrativo, pidiendo la suspensión cautelar para que no se pueda activar el próximo curso.

Llabrés ha expresado su confianza en que los claustros y los equipos directivos de los centros no compartan esta iniciativa del gobierno autonómico porque «son los más indicados para valorar cómo es la adquisición de las competencias y considerar si es necesario mantener o modificar los proyectos lingüísticos del centro». Por ello, los ha instado a no someter a consideración la adhesión al plan piloto.

El plan, a su juicio, es «absolutamente innecesario» y podría ser contraproducente para conseguir el objetivo de que los alumnos acaben su escolarización siendo competentes en catalán y castellano.

La carta, enviada por correo electrónico a unos 400 centros educativos, señala que el plan voluntario de Prohens es incoherente, ilegal, inequitativo, segregador, ineficaz, atenta contra la autonomía de centro, arbitrario en la selección, conflictivo, inseguro jurídicamente y desequilibrador entre el sector público y el privado concertado.

«Son argumentos bastante contundentes para no sumarse al plan piloto», ha insistido Llabrés, que ha expresado su confianza en que, con un recurso fundamentado, la justicia aceptará la suspensión cautelar de la aplicación del plan.

La carta se ha enviado a los colegios de Mallorca, aunque la entidad ha puesto el argumentario a disposición de entidades hermanas de las islas de Menorca e Ibiza.

Según la OCB, el plan que debe permitir estudiar en español a los alumnos que lo soliciten pretende alterar una de las bases fundamentales del modelo lingüístico vigente en las Islas Baleares, que califican como «bilingüismo integral o de conjunción lingüística» y que aseguran que está «avalado ampliamente por los tribunales de justicia, entre ellos el Tribunal Constitucional».

«Este modelo», abunda la entidad afín a partidos y entidades separatistas catalanas, «no es compatible con el principio de libre elección de lengua por parte de las familias en los términos invocados por la resolución» ya que modifica el Decreto 92/1997 (Decreto de Mínimos) en cuanto a determinadas áreas que, necesariamente, deben impartirse en lengua catalana».

«No encaja con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía ni con el artículo 2 y el título segundo de Ley de normalización lingüística. Es decir, no existe coherencia entre esta resolución y el proceso obligatorio de normalización lingüística al que están obligados los poderes públicos de las Islas Baleares».

La vicepresidenta de la OCB Magdalena Serra, por su parte, ha recordado que el plan atenta contra la autonomía de centro al trastocar aspectos como la participación de las familias o imponer nuevas reglas.

Serra ha apuntado en su comparecencia ante los medios que el plan piloto es arbitrario tanto desde el punto de vista de la selección de centros como de la selección del alumnado y ha alertado igualmente que el borrador apunta a la «idoneidad» de los centros en función de sus instalaciones, que son responsabilidad de la Administración.

«El papel de las familias es confuso, los conceptos de voluntariedad y de libre elección de lengua son para los centros, no para las familias, que tienen su representación en los consejos escolares», ha concluido.