El fiscal que exculpó a Cursach de múltiples delitos pide más años de cárcel para los instructores

El fiscal Tomás Herranz, que exculpó al empresario de la noche en Mallorca Bartolomé Cursach de múltiples delitos entre lágrimas, no se conforma con la condena de nueve años a los instructores iniciales del caso y recurre al Tribunal Supremo pidiendo más años de cárcel para los encausados.

El Ministerio Público ha presentado un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en el que anuncia recurso de casación contra el fallo judicial con el objetivo de recuperar el delito de detención ilegal que hacía que se elevara su petición de condena a más de 100 años de cárcel para cada uno de ellos durante el juicio.

El ex juez Manuel Penalva y el ex fiscal Miguel Ángel Subirán, instructores iniciales del caso Cursach y ORA y que posteriormente fueron apartados del mismo, fueron condenados este mes de noviembre a 9 años y 1 día de prisión, con un límite máximo de cumplimiento de 7 años y 6 meses, por obstrucción a la justicia y coacciones al ex concejal del PP de Palma, Álvaro Gijón. También por omisión del deber de perseguir filtraciones a los medios de comunicación de actuaciones secretas, a la pena máxima prevista de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El fiscal Herranz no sólo exculpó a Cursach, sino que en el juicio al empresario acabó pidiéndole perdón entre lágrimas por haberle acusado de un sinfín de delitos. Pasó de acusarlo de pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas a convertirse en uno de sus máximos defensores, inculpando por contra a los instructores de la causa contra él y solicitando para ellos más de 100 años de cárcel.

No obstante, y pese a lo sostenido por el Ministerio Público, la sentencia absolvió a Penalva y Subirán por la detención de nueve funcionarios del Ayuntamiento de Palma, al empresario Antonio Roig y a los ex concejales del PP Irene San Gil y Gabriel Vallejo.

Aunque el tribunal reconoció que se detuvo a personas inocentes, sostuvo que existían sospechas de manipulación en el concurso de la ORA del Ayuntamiento de Palma y la posible participación de los detenidos, en mayor o menor medida, razón por la que les exoneró del delito de detención ilegal.

El tribunal entendió que estas detenciones estaban soportadas en sospechas de delito y tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la supuesta manipulación del concurso de la ORA. No obstante, no fueron condenados por detención ilegal por insuficiencia de pruebas.

Además de la Fiscalía Anticorrupción, por el momento ha presentado recurso de casación el funcionario del Ayuntamiento de Palma Juan Carlos Sastre. El tribunal lo absolvió tanto por el delito de detención ilegal como por las amenazas por las que acusaba este funcionario, que fue detenido en el caso ORA.

Por su parte, Penalva y Subirán ya han presentado también el escrito previo al recurso contra la sentencia, manteniendo las peticiones de nulidad de las pruebas presentadas contra ellos.