Escándalo en Calvià: la ‘okupa deluxe’ suplanta la identidad de la dueña y le anula el contrato de luz

La trama de la okupa deluxe en Calvià alcanza niveles insólitos. Tras meses de ocupación ilegal y amenazas veladas, ahora la protagonista de origen cubano ha dado un paso más allá: ha suplantado la identidad de la propietaria para pasar a figurar como titular del suministro eléctrico de la vivienda. Un acto que, según expertos legales consultados por OKBALEARES, constituye un delito de usurpación del estado civil, con penas de hasta tres años de prisión.

Los vecinos no daban crédito. La presidenta de la comunidad fue la primera en percatarse de la maniobra cuando la okupa, con total desparpajo, se jactó de ser ahora la titular del contrato de la luz. La propietaria, alertada de inmediato, confirmó con la compañía eléctrica que su contrato había sido dado de baja sin su autorización el 13 de enero, dejando claro que alguien había utilizado sus datos personales de forma ilegal.

Esta acción añade un nuevo capítulo a un historial que ya incluía ocupación ilegal, amenazas y manipulación del contador eléctrico. La okupa deluxe no solo ha invadido físicamente la vivienda, sino que ahora también ha interferido con los servicios esenciales de la propietaria, tomando el control de la luz como si fuera suya.

La Guardia Civil ya investiga los hechos, centrando la atención en cómo la ocupante consiguió alterar la titularidad del contrato y si hubo falsificación de documentación. Mientras tanto, la comunidad de vecinos sigue en estado de alerta, impactada por la audacia de esta maniobra. Lo que parecía un conflicto vecinal se ha transformado en un verdadero escándalo judicial de lujo, donde la ilegalidad y la impunidad parecen jugar a favor de la ocupante.

En una urbanización donde la tranquilidad y el prestigio siempre han sido la norma, ahora la sombra de la okupa deluxe se cierne sobre todos, dejando claro que la lucha por los derechos de los propietarios puede convertirse en una auténtica guerra judicial.

La historia se remonta al 1 de agosto de 2024, cuando la familia propietaria alquiló la vivienda —valorada en varios millones de euros y equipada con piscina privada y todo tipo de comodidades— a un empresario danés que aparentaba total solvencia. El contrato se cerró por 3.000 euros mensuales, con dos meses de fianza y seis meses pagados por adelantado.

Durante los primeros meses, todo transcurrió con normalidad. Pero el escenario cambió radicalmente cuando el empresario regresó a Dinamarca y dejó en el inmueble a su entonces pareja, la mujer cubana, junto a sus dos hijos, quedándose de okupas. Según fuentes cercanas al caso, la relación se rompió definitivamente en octubre de 2025. El empresario comunicó que se desentendía por completo del asunto y que cualquier cuestión debía tratarse directamente con ella, pese a que el contrato estaba únicamente a su nombre.

Desde entonces, según sostiene la propiedad, el empresario danés dejó de abonar la renta y su ex novia (que no consta en el contrato) se habría atrincherado en la vivienda. La situación derivó incluso en una denuncia ante la Guardia Civil por presuntas amenazas a miembros de la familia propietaria. En la denuncia constan expresiones como: «Ten cuidado cuando vayas por la calle» o «Un día te vas a girar y te vas a llevar una sorpresa», además de afirmar que tenía «todo el derecho del mundo» a vivir en la casa.

En la urbanización, donde residen mayoritariamente ciudadanos británicos, alemanes y familias mallorquinas de alto poder adquisitivo, el malestar es creciente. La presidenta de la comunidad remitió una carta formal denunciando el deterioro de la convivencia y la tensión que, aseguran, se vive desde hace meses.

Mientras tanto, la propietaria asegura sentirse «totalmente indefensa». «Yo firmé única y exclusivamente con ese hombre. Iba de empresario potentado y a las primeras de cambio desapareció. Me dejó con una okupa en casa y nadie me da una solución. El danés se enfadó con su novia cubana, se marchó y me dejó con el problema», concluye la propietaria.

El caso sigue en los tribunales. Entre tanto, la mujer y sus hijos continúan residiendo en la lujosa vivienda, disfrutando de piscina, jardines y servicios, mientras uno de los menores mantiene su plaza en un colegio cuyo coste mensual supera el salario de muchos trabajadores en la isla. Una imagen que, para muchos vecinos, simboliza la paradoja de un conflicto que ha puesto en el foco mediático nacional a esta exclusiva zona de Mallorca.