Una enseñanza muy mediocre y poco equitativa

Acaba de salir del horno el Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2024, con un monográfico dedicado a los resultados de PISA 2022 que se dieron a conocer hace poco menos de un año. Sus autores pretenden salir al paso de algunas interpretaciones erróneas de los medios de comunicación como el impacto del confinamiento de la pandemia sobre los resultados, impacto que, a su juicio, ha sido «estadísticamente irrelevante» en Baleares.

Para los que hemos venido reclamando que las autoridades hicieran alguna valoración al respecto, este monográfico es un acierto y, a ser posible, tendría que convertirse en una tradición en aquellos años que coincidieran con la publicación de pruebas internacionales y reconocidas como PISA, TIMSS ó PIRLS.

El primer artículo del monográfico dedicado a PISA 2022 corresponde al lugarteniente de Martí March, su director general de planificación y centros, Antoni Morante Milla. El título del artículo es toda una declaración de intenciones: PISA 2022: de les opinions preconcebudes a la interpretació rigorosa dels resultats.

El riguroso Morante empieza diciendo que una rendición de cuentas en la que se examinan nada menos que 690.000 estudiantes de 80 países de todo el mundo «no es ni pretende ser una comparación de las fortalezas y debilidades de los sistemas educativos de los países y regiones participantes, que representan realidades muy diferentes y que, por lo tanto, son difícilmente comparables en su complejidad». Empieza por lo tanto relativizando los resultados evaluados, que dependerían de «realidades muy diferentes» de los que es complejo sacar conclusiones. La universalidad y la realidad no existen, todo es relativo y muy diverso, de modo que nada puede medirse bajo un mismo patrón universal. Todo un signo de posmodernidad.

Excelencia y equidad

Los sistemas educativos del siglo XXI oscilan entre dos grandes objetivos: la excelencia y la cohesión e integración social. La excelencia tiene como objeto formar el capital humano que se necesita para mantener e incrementar el nivel de desarrollo y bienestar económico de la sociedad. El objetivo de la cohesión social se dirige, en cambio, a evitar fracturas sociales irremediables, poniendo el foco en la igualdad de oportunidades y en la superación de los privilegios de cuna para que la enseñanza pueda ejercer de ascensor que promueva la movilidad social. A este segundo objetivo se le llama también equidad.

Desde la asociación de profesores PLIS Educación siempre hemos sostenido que sólo un sistema educativo enfocado al objetivo de la excelencia consigue además el objetivo de la equidad en el sentido de superar las desigualdades socioeconómicas y culturales de las que parte el alumnado. La equidad, la cohesión e integración social y, por añadidura, la movilidad social, serían de algún modo subproductos de un sistema focalizado en la excelencia. No sus productos prioritarios, sino sus subproductos, sus consecuencias indirectas. Así como una buena crianza se consigue dando ejemplo y no regañando e impartiendo doctrina, en educación pasaría lo mismo: la equidad se conseguiría como consecuencia de una educación exigente que fomentaría el esfuerzo, la responsabilidad y la asimilación de contenidos y capacidades académicos que en ningún otro lugar que no sea la escuela van a aprenderse.

A la vista de los resultados de PISA 2002, está claro que el sistema educativo balear ni es excelente ni tampoco equitativo. No es excelente en absoluto, ya que apenas tenemos alumnos excelentes (es decir, con los niveles máximos 5 y 6 entre los siete/ocho niveles de cada habilidad evaluada), sólo un escuálido 5% en matemáticas (sólo un 1% con el máximo nivel 6) y un 4% (0% con nivel 6) en conocimientos científicos y comprensión lectora, por debajo de las medias española y de la OCDE. Pero tampoco es equitativo porque no hace sino consolidar las diferencias de clase y de salario. Dicho de otro modo, el sistema educativo balear no sólo es incapaz de superar las desigualdades sociales y familiares, sino que las reafirma, las fortalece y las perpetúa. El factor más determinante en el rendimiento académico sería el nivel socioeconómico y cultural de las familias, algo que no ocurría antes de los años noventa cuando los institutos públicos competían de tú a tú con los colegios privados (Montesión, Luis Vives, San Francisco, San Cayetano…).

La interpretación y valoración de los resultados depende fundamentalmente de quién tomas como referencia para compararte. Los autores del monográfico parecen conformarse en dejar a Baleares en la media de España y de la OCDE en las tres disciplinas evaluadas: matemáticas, ciencias y comprensión lectora. En realidad, esta convergencia con España en su conjunto ya se producía cuatro años antes con PISA 2018. Desde 2018, Baleares ha bajado 12 puntos y España 8 puntos en matemáticas, con descensos poco significativos en ciencias y comprensión lectora. La OCDE considera que 20 puntos equivalen a un curso entero.

Red pública y concertada: un sistema de dos velocidades

Algunos de los autores del Anuari nos quieren vender la especie de que el sistema escolar de Baleares es un sistema equitativo. Los datos constatan justo lo contrario. El rendimiento académico de la enseñanza concertada es claramente superior al de la enseñanza pública. Si consideramos el criterio de la OCDE en virtud del cual una diferencia de 20 puntos equivale a un curso de diferencia, el desfase es relevante. En matemáticas la pública obtiene 464 puntos frente a los 489 de la concertada, 25 puntos menos, lo que significa un retraso de más de un curso de diferencia. En comprensión lectora, la privada-concertada obtiene 495 puntos por 462 la pública, 33 puntos de brecha, más de un curso y medio de adelanto. En conocimientos de ciencias, la concertada obtiene 500 puntos frente a los 472 de la pública, 28 puntos de distancia y un adelanto de casi curso y medio. A nivel nacional pasa exactamente lo mismo, incluso en algunas autonomías la brecha en matemáticas entre los institutos públicos y los colegios privados llega hasta los 35 puntos, casi dos cursos de retraso.

Los autores del Anuari afirman que esta notable diferencia entre la enseñanza pública y la concertada se debe básicamente al mayor nivel socioeconómico y cultural de las familias que llevan sus hijos a la concertada. El organismo evaluador, el IAQSE, calcula un parámetro (el ISEC: Indice SocioEconómico y Cultural) que mide el impacto del nivel socioeconómico y cultural de las familias sobre el rendimiento académico de sus hijos en las tres disciplinas evaluadas: matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Si se descuenta el ISEC a las puntuaciones anteriormente citadas, añaden los citados autores, «estas diferencias disminuyen considerablemente». Disminuyen pero no totalmente, todavía se observan diferencias de 12 y 10 puntos en comprensión lectora y ciencias (Tabla 11, p.353, Anuari…), respectivamente, retrasos de medio curso que no pueden atribuirse al distinto nivel socioeconómico y cultural del alumnado sino que hay que atribuirlos a otros factores.

Si las diferencias de rendimiento entre la enseñanza pública y concertada se deben básicamente, como afirman los citados autores, al nivel socioeconómico y cultural de las familias, significa que la enseñanza pública no es capaz de compensar estas desigualdades de partida, al contrario, las consolida y perpetúa. Un sistema realmente equitativo sería aquel en el que no existieran diferencias significativas en rendimiento académico entre ambas redes, un sistema educativo capaz de procurar una verdadera igualdad de oportunidades, definida como aquella en la que sólo el esfuerzo del propio alumno marca su desarrollo sin que su porvenir quede determinado por su posición social o económica de nacimiento. El modelo educativo balear es, en este sentido, poco equitativo.

De forma solapada, el índice ISEC serviría como un consuelo para los profesores y los gestores de la pública. «-De acuerdo, aunque mis alumnos saquen peores resultados académicos, yo soy tan buen profesor como pueda serlo uno de la concertada, pero la materia prima (los estudiantes) con la que trabajo es de inferior calidad, de ahí que el rendimiento de mis estudiantes sea inferior al que consiguen los profesores de la concertada»-. El índice ISEC se utilizaría como una suerte de coartada para justificar la labor de los maestros y los gestores de la red pública de enseñanza que de este modo podrían defenderse de los ataques por su doble fracaso en los objetivos de la excelencia y la equidad.

Críticas que caen por su propio peso. Frente a la concertada, la enseñanza pública obtiene peores resultados académicos mientras al contribuyente le cuesta el doble, se muestra incapaz de compensar las desventajas de partida del alumnado e impone una ideología estatal (el globalismo, la Agenda 2030, lo woke) sin adecuarse a las convicciones éticas, morales y religiosas de las familias que ni siquiera pueden declararse objetores de conciencia, como pretende el pin parental. Frente a la concertada, la enseñanza pública impone la inmersión lingüística en un lengua minoritaria que no dominan la mayoría de estudiantes y se convierte en un laboratorio donde se ensayan todo tipo de metodologías y modas pedagógicas que ya han fracasado en otros países (digitalización, educación inclusiva vs. educación especial) o que no han sido convalidadas empíricamente (aprendizaje por competencias, situaciones de aprendizaje, aprendizaje por proyectos, matemáticas con perspectiva de género, etc..). Estas pruebas ensayo-error tomando a los alumnos de carne y hueso como conejillos de Indias sólo son posibles desde la irresponsabilidad de unos directores y docentes que saben que los padres, entre confiados, conformistas e ignorantes, no van a pedirles cuentas por los resultados de estos ensayos con sus hijos.

Frente a la concertada, el sistema público minusvalora el propio servicio que ofrece al ser «gratis» (no se valora lo que nada cuesta) y esta «gratuidad» blinda a su vez a sus responsables (no se exige en aquello que nada cuesta) por los malos resultados, de ahí la costumbre de echar balones fuera de políticos, burócratas, sindicatos y directores cuando se les piden explicaciones. Por último, la escuela pública trata a las familias como comparsas a las que se niega cualquier iniciativa en la toma de decisiones en aspectos como la elección de lengua o la jornada partida o continua. La educación estatal no se pone al servicio de los alumnos y familias, sino al servicio de sus administradores.

Como vemos, justificar racionalmente la existencia (no digamos la prevalencia) de la enseñanza pública frente a la concertada se hace harto difícil, a menos que, invirtiendo el principio de subsidiaridad de la LOMLOE, se decida convertir la escuela pública en subsidiaria de la concertada para quienes no puedan pagarse el «copago» encubierto que exige esta última para su supervivencia económica.

Menos equidad territorial

Tampoco la equidad territorial sale bien parada de PISA 2022, lo que significa que existen distancias notables entre las mejores autonomías y las mediocres (parte medio-baja), entre las que se sitúa Baleares. Pese a los entusiasmos autonomistas, la autonomía educativa no ha producido una mayor cohesión en el rendimiento escolar entre regiones. En las tres disciplinas evaluadas, matemáticas, comprensión lectora y conocimientos científicos, el retraso entre aquellas comunidades mediocres como Baleares y las cuatro mejores españolas se eleva a más de un curso. En función de donde uno matricule a su hijo, podrá salir con un curso, incluso uno y medio, de retraso o de ventaja respecto a otras comunidades. La transferencia de la competencia de Educación a las autonomías parece no haber conseguido erradicar las desigualdades por territorios.

Concluyo con un último apunte que no es baladí. Salvo la Comunidad Valenciana, el resto de comunidades con lengua regional (Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y Navarra) se desfondan en matemáticas respecto a PISA 2018, algunas con estrépito, como Cataluña y País Vasco, que pierden el equivalente a un curso respecto al nivel que tenían cuatro años antes.