Dictan orden de busca y captura a un hombre acusado de abusar de una menor tutelada fugada en Mallorca

La Audiencia Provincial de Baleares ha dictado orden de busca y captura para un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, fugada de un centro, y grabarlo en vídeo con un móvil.

Cabe destacar que este lunes estaba previsto el juicio contra el acusado, que no se ha presentado por estar en Estados Unidos. Fiscalía pide para él penas que suman 14 años de cárcel.

Los hechos sucedieron, según el escrito del fiscal, en diciembre de 2020 en el ático en el que residía con otras personas y donde se había instalado la víctima junto a otra amiga, también fugada del centro.

El Ministerio Público apunta que, sin conocimiento ni consentimiento de la perjudicada, el varón grabó con su móvil las relaciones sexuales, creando así dos archivos de vídeo que, en principio, usaba para su disfrute, ya que no consta que haya difundido las grabaciones a terceras personas.

El 28 de diciembre de 2020, la directora del centro de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) interpuso la denuncia.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de abuso sexual a menor de edad, de descubrimiento y revelación de secretos, y de posesión para propio uso de pornografía infantil.

Por ello, además de la pena de cárcel, pide que sea inhabilitado temporalmente para ejercer cualquier profesión relacionada con menores de edad y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la menor por un tiempo de 21 años. Además, solicita la medida de libertad vigilada durante ocho años y la sumisión a un programa formativo de educación sexual.

El fiscal reclama, asimismo, que, una vez acceda a la libertad condicional, en caso de ser condenado, se proceda a la expulsión del territorio nacional por un plazo de diez años, sustituyendo así las penas de prisión, recoge la agencia Europa Press.

Por último, propone que el individuo pague una multa de 5.760 euros y que indemnice a la menor en la cantidad de 30.000 euros por los daños morales.