La defensa del hombre que mató a su mujer embarazada y estranguló a su hijo en Sa Pobla recurre la sentencia

La defensa de Ali Kouch, el hombre condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de su mujer embarazada y de su hijo de siete años en Sa Pobla en mayo de 2021 ha recurrido la sentencia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) y reclama un nuevo fallo que fije el porcentaje de condena que debe cumplir antes de ser expulsado de España.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Kouch, el letrado Miquel Àngel Ordinas, considera que la expulsión de España que determina el fallo debe acordarse cuando se cumplan dos tercios del castigo o cuando se le conceda la libertad condicional, y no cuando el condenado acceda al tercer grado, como únicamente fija la sentencia recurrida.

El letrado reclama así la nulidad de la sentencia dictada a principios de febrero considerando que no existe motivación para no determinarse una parte proporcional de cumplimiento mínimo de las penas de prisión previo a la expulsión del territorio nacional.

En el escrito, el abogado, a la luz de la jurisprudencia y del propio Código Penal, concluye que para la sustitución de las penas de prisión por expulsión del territorio español deben imponerse los supuestos de porcentaje (cumplimiento parcial); acceso al tercer grado penitenciario; y concesión de la libertad condicional.

«No puede imponerse sólo uno, ni dos. Deben imponerse los tres supuestos», dice el escrito, insistiendo en que interesa dicho cumplimiento parcial de la pena de prisión, previo a la sustitución de la pena pendiente de cumplimiento, en dos tercios de la condena, así como el acceso al tercer grado penitenciario o concesión de la libertad condicional.

La defensa del condenado concluye así reclamando la nulidad de la sentencia, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento procesal oportuno, con el dictado de una nueva sentencia, que fije la parte (porcentaje) de las penas de prisión que deben ser ejecutadas en las dos terceras partes, sustituyéndose la ejecución del resto de las penas por la expulsión del acusado del territorio español por plazo de 10 años, o cuando se le conceda la libertad condicional al acusado.

Primer caso en Baleares