Cocaína en silla de ruedas: la Audiencia de Palma juzga la red que usó la movilidad reducida para traficar

Palma se prepara para un juicio que parece sacado de un guion de cine negro, pero que —según la Fiscalía— fue una realidad durante más de un año. A partir de este lunes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma sentará en el banquillo a diez acusados por, presuntamente, enviar cocaína y marihuana desde Perú hasta Mallorca escondidas en sillas de ruedas.

Sí, sillas de ruedas. Ese fue, supuestamente, el método elegido por la organización para burlar controles y camuflar la droga en la estructura metálica de estos dispositivos.  Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los meses de abril de 2023 y julio de 2024. Los encausados habrían tejido una red internacional que operaba desde distintos países de Latinoamérica, con especial peso de Perú, utilizando «correos humanos» —las conocidas mulas— para transportar la mercancía.

Una vez que las sillas aterrizaban en Mallorca, comenzaba la segunda fase: distribución y venta en la isla. Según el escrito de acusación, cada miembro desempeñaba un papel perfectamente definido dentro de la presunta organización criminal. Desde intermediarios con otros traficantes hasta responsables del transporte y almacenamiento de la droga.

La Fiscalía señala que la red estaba liderada por un hombre identificado pero actualmente huido de la justicia. En Mallorca, el supuesto representante coordinaba las operaciones, mientras otros miembros se encargaban incluso del cultivo de marihuana en una finca de Marratxí. Cuando la cocaína no podía llegar desde América Latina, la organización —siempre según el Ministerio Público— activaba proveedores alternativos.

El golpe policial fue contundente. En los registros practicados por la Policía Nacional se intervinieron distintas cantidades de droga valoradas en más de 344.000 euros, una cifra que da dimensión al alcance del entramado. Ahora, los diez acusados se enfrentan a un escenario judicial demoledor. La Fiscalía solicita para cada uno ocho años de prisión por delito contra la salud pública, junto a una multa de 1,3 millones de euros. Además, pide otros dos años de cárcel por pertenencia a organización criminal.

La imagen que deja el caso es tan impactante como polémica: una silla de ruedas convertida, presuntamente, en escondite de estupefacientes. El juicio que comienza este lunes promete revelar todos los detalles de una trama que, de confirmarse, habría cruzado océanos y fronteras bajo la apariencia más inesperada.