Caza de brujas en la Policía Local de Palma contra los agentes que denunciaron en el ‘caso Cursach’

Caza de brujas en la Policía Local de Palma contra los agentes que participaron en la investigación judicial de uno de los mayores escándalos de corrupción en Baleares, el denominado caso Cursach. 

Los agentes del Cuerpo de la Policía Local de Palma que han denunciado en la Oficina Anticorrupción del Govern balear el supuesto amaño de plazas para sindicalistas, aluden en su escrito a una caza de brujas abierta en el Cuartel de San Fernando de Palma contra los policías que colaboraron con la Justicia. Unos agentes que en la instrucción del caso, acusaron a otros compañeros que habrían formado parte del entramado, presuntamente mafioso, que afecta al rey de la noche palmesana, Bartolomé Cursach. 

Un escándalo de corrupción, aún por juzgar, en el que estuvieron imputados más de 70 agentes (ahora no superan la treintena) para supuestamente favorecer a este empresario del ocio nocturno. Un episodio judicial que puso patas arriba la pasada legislatura el cuartel de la Policía Local cuando la edil socialista, Angélica Pastor, estaba al frente del área de Seguridad Ciudadana, colaborando con las autoridades judiciales en todo lo relativo a la investigación. Una decisión que provocó el rechazo y críticas contra esta concejala, del grueso de los sindicatos policiales a los que pertenecían los policías imputados. 

Dos años después, la paz social reina en el cuartel con la edil también socialista Joana Maria Adrover al frente. Una concejala que ha tendido la mano a esos mismos sindicatos, que no doblegaron a Pastor. En la denuncia a Anticorrupción los policías hablan abiertamente de “una criba de agentes y otros funcionarios que colaboraron estrechamente —aunque siempre cumpliendo órdenes— con la anterior regidora”. 

Y además apuntan a “acciones de castigo”, donde se estarían «cercenando posibilidades de ascenso» a profesionales de esta policía que denunciaron y colaboraron en la instrucción del caso. Baste recordar, como reveló OKBALEARES, que la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción del Govern investiga el posible amaño de cinco plazas para sindicalistas en este Cuerpo que la misma regidora Adrover se ha negado a investigar, pese a haber sido instada a ello desde el Ayuntamiento de Palma, en concreto, desde el área de Función Pública. 

Los agentes advierten en su denuncia que “vienen tiempos más convulsos judicialmente hablando en nuestro Cuerpo de Policía que los ya vividos, pues es en esta legislatura cuando se juzgará el grueso de lo ocurrido”. Entre las acciones que se habrían adoptado para castigar a esos agentes que colaboraron con la Justicia, figura la paralización de tres bolsines cuya creación en su momento se calificó de urgente y necesaria. 

Hablan, en concreto, del bolsín de subinspectores, cuya paralización se hizo después de conocerse la lista definitiva de aspirantes entre los que había dos denunciantes contra mandos de la policía. 

Lo mismo sucedió con el de oficiales, cuando se comprobó que había otras dos personas que trabajaron a las órdenes de la anterior regidora, al igual que un concurso oposición a dos plazas de mayor. En este caso, con el agravante de que la resolución, ni tan siquiera habría sido notificada a los interesados. Unas decisiones que consideran se habrían adoptado con el único objetivo de “apartar a unos pocos”.

Mientras, se estaría favoreciendo a los denunciados, los denunciantes del caso Cursach hablan también de la desprotección que están padeciendo en estos momentos. En concreto, habría policías imputados que han regresado al cuartel y han sido colocados en sitios diferentes a donde tenían asignada la plaza y “quienes denunciamos hechos delictivos” , no se tiene el más mínimo cuidado en este sentido. Todo ello pese a que existen «mecanismos mínimos de protección contra personas que denuncian infracciones».