El ‘cártel’ de Moncloa

Un gobierno criminal es aquel en el que las autoridades legalmente instituidas establecen una gobernanza criminal, ejerciendo un dominio sobre un territorio y la sociedad a través de acciones predatorias, clientelares, corrupción e impunidad. Esta organización socava la capacidad estatal para proteger a la población y genera una situación de exclusión y marginación para las comunidades afectadas.

Después de siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, podemos definir sin equivocarnos el perfil del personaje que entró como jefe de gobierno gracias a una tramposa moción de censura. Mentiroso compulsivo, capaz de todo para conseguir y perdurar en la Moncloa, traidor al espíritu de su propio partido y con los españoles, aliado de comunistas, filoterroristas y golpistas, sometido por un prófugo separatista que dicta el reparto de menas (El gobierno impone el reparto de menores sin Cataluña y País Vasco), como modificar la ley para amnistiar a delincuentes próximos, como financiar la corrupción catalanista a costa del erario público, desmontando la organización estatal, cediendo competencias estatales que no debía atribuir, negando el auxilio al no declarar la emergencia nacional en el Covid-19, en la DANA o en los actuales incendios, rodeado por una corrupción profunda de su entorno familiar, de su gobierno y de su partido.

Ya se le señaló por sus subordinados como el número uno, ahora descubrimos la presunta organización criminal o lo que en otros países se define como banda o cártel. Ya se le ve aquí y en Europa como un apestado, como un maldito y ya no se cuenta con él ni con España en Europa, menos con los EEUU. La política económica está marcada por el gran endeudamiento y la exterior como un desvarío permanente con Marruecos, Argelia, Israel y ahora con la misma UE. Al contrario, le adoran como al pseudoembajador narco-bolivariano Rodríguez Zapatero, en Venezuela, China y demás dictaduras comunistas. Su partido, el PSOE que ya no lo es, ha consentido todos estos años esta ininterrumpida perversión. Podría ser un actor principal en una serie como Raymond Reddington en Netflix.

Tarde o temprano deberá comparecer ante la justicia y posiblemente arrastrará a los que han permitido todos estos desmanes, desde la Fiscalía General del Estado, o de su Gobierno como cómplices o simplemente por no denunciar tales desmanes.

Definido el personaje, nos preguntamos si quienes han participado con conocimiento de esta deriva, y nada han hecho, se han convertido en cómplices y, por lo tanto, responsables de la insensata deriva política que ha puesto en grave peligro el futuro de España. Podemos hacer una larga, larguísima lista de candidatos a ser investigados. ¿Trató usted de impedir la amnistía, la cesión de soberanía nacional, la desigualdad entre los españoles, la corrupción y mordidas, las orgías…?

No voy a entrar en el tema que domina la prensa, la corrupción, porque es sobradamente conocida y afortunadamente en manos de la justicia. Todavía quedan valientes jueces que a pesar de la presión política son capaces de investigar tales acciones.

Tampoco hablaré de traición que en España sólo se refiere frente a un estado extranjero, mientras que en Francia o Alemania, van más allá si se actúa contra la existencia de la República o se fuerza el cambio del orden constitucional de forma ilegal.

Me centraré en algo tan sensible como la denegación de auxilio, un delito que implica la omisión o negativa a prestar la ayuda necesaria a personas en situación de peligro grave y manifiesto, o la negativa de un funcionario público a prestar el auxilio o la colaboración que su cargo le obliga. ¿Quién es responsable de los cientos de muertos por el efecto llamada de los inmigrantes ilegales que invaden España de forma masiva? ¿Hace el Gobierno lo correcto? No lo creo, creo que forma parte del entramado de mafias criminales, beneficiarios de millonarias ayudas acordadas, ONGs, mientras dejan desamparadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a cientos de miles de ciudadanos que no llegan a final de mes.

En el caso del Covid-19, de la DANA o de los actuales grandes incendios forestales que han afectado a varias comunidades autónomas o regiones, no es cierto que se declara emergencia nacional sólo cuando lo solicitan las regiones o comunidades. Debe ser iniciativa del propio Gobierno cuando la gravedad es extraordinaria. No lo hizo el ministro del Interior, no lo hizo la ministra de Defensa, que además apunta a que impidió que las unidades militares ubicadas en Valencia salieran inicialmente a socorrer a los necesitados de la DANA. ¿Fue el presidente del Gobierno quien impidió declarar la emergencia nacional? Todo apunta a que así fue. ¿Cuántas vidas habríamos salvado si se hubiera acordado la emergencia nacional en estos casos? ¿Veremos alguna investigación sobre esto? Lo dudo porque el fiscal general del Estado es del Gobierno.

También nos preguntamos cómo es posible que la sociedad, el ciudadano de a pie, no reaccione ante tanta injusticia y despropósito. Tal vez la respuesta la tenemos al recordar la fábula de la rana y la olla caliente, o que los medios de comunicación se limitan a informar sobre lo que el número uno desea. Creo en los milagros, recemos para sacar a Sánchez de la Moncloa y situar a un líder sin complejos.