El Ayuntamiento rehabilitará la antigua cárcel para hacer pisos para funcionarios que vengan a Palma

El Ayuntamiento de Palma rehabilitará y reformará parte de la antigua cárcel  para hacer pisos de alquiler orientados a funcionarios que vengan a Palma y que ahora no lo hacen ante la carestía del mercado inmobiliario y del alto nivel de vida.

Por tanto el Ayuntamiento no demolerá el abandonado, degradado y okupado centro penitenciario de la carretera de Sóller, propiedad del Consistorio palmesano.

Lo que se derribarán los antiguos módulos de admisión y las ruinosas viviendas donde residían los funcionarios de prisiones hasta que estuvo operativo antes de cerrar sus puertas hace un cuarto de siglo, en 1999.

La decisión del gobierno municipal que preside el alcalde del PP, Jaime Martínez, es la de aprovechar la estructura de la antigua prisión para hacer un espacio de vivienda pública, con el objetivo de rehabilitar este espacio  degradada y con graves problemas de salubridad y seguridad, y que se encuentra desde la pasada legislatura okupada por un censo fluctuante de entorno a 200 personas.

En estos momentos los servicios sociales municipales y la Policía Local están trabajando de forma coordinada, para ayudar a estas personas sin techo que tienen allí su lugar de pernoctación. La intención es que la vivienda pública que se habilite esté orientada a funcionarios que vengan a trabajar a la capital balear.

El gobierno municipal de Palma, en concreto, el área de Urbanismo está trabajando con otros departamentos y el Consell de Mallorca, para ejecutar allí en primer lugar, y antes de todo, una obra clave en materia de Movilidad. Se trata de una rotonda y un nuevo acceso desde la Vía de Cintura desde el barrio de Cas Capiscol.

Un proyecto que ejecutará la Conselleria insular de Territorio, Movilidad y Carreteras como parte de su plan para mejorar la congestión viaria de toda esta zona que, en un futuro, acogerá el nuevo barrio palmesano de Son Busquets.

Para ejecutar esta rotonda se tendrá que derrumbar la parte que da a la calle Alfons el Magnànim por lo que su complejidad es mínima, si bien requiere todo un proceso administrativo para la puesta a disposición del Consell de estos terrenos y adyacentes.

El plazo de ejecución será de nueve meses para una rotonda presupuestada en cuatro millones de euros. Los trabajos viarios incluirán la habilitación de un vial de acceso directo al centro municipal de Son Pacs para los camiones de Emaya al barrio de Son Sardina, así como para que los conductores que vengan de Son Espases que podrán entrar directamente en la carretera de Sóller.

La antigua prisión de Palma se inauguró a finales de los años 60 y se cerró en 1999. En 2013 el Ayuntamiento adquirió los terrenos mediante una permuta con el Gobierno central, con el plan de derribar la estructura y aprovechar el suelo para construir pisos sociales, proyecto que aún está por definir, una docena de años después de firmarse ese acuerdo.