Los funcionarios del Estado en Baleares anuncian huelga porque Pedro Sánchez les paga menos que en Canarias

Los sindicatos y asociaciones que conforman la plataforma Insularidad Digna han anunciado que convocarán una huelga el 27 de noviembre si no se plantean soluciones para mejorar sus condiciones retributivas. Así lo han advertido desde UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa este jueves, en la que han subrayado que durante un mes realizarán concentraciones y que la huelga se convocará si no hay «una solución urgente».

En concreto, los empleados públicos de la AGE en las Islas reclaman una indemnización por residencia adecuada, señalando que hace 60 años que no se modifica y que hay diferencias significativas con Canarias, Ceuta y Melilla.

«Si después de este mes no hay un acercamiento por parte de la Delegación del Gobierno y se da una solución, convocaremos la huelga de todos los empleados públicos de la AGE en Baleares -unos 6.500-«, han sostenido.

Desde el sindicato han advertido que el 65% de la plantilla de la AGE tiene más de 50 años y que, además, «la gente no quiere venir» por el coste de la vivienda y la vida y que «hay problemas en todos los organismos de la AGE».

Temporalidad en los servicios públicos

Desde UGT han advertido de que el principal problema de los servicios públicos en el archipiélago es la temporalidad. Según Romero, los procesos de estabilización que pretendían bajar al 8% la tasa de interinidad han servido de «poco», ya que la tasa es del 30%.

A su criterio, en las Islas hay plantillas «totalmente deficitarias» tanto por el problema de la insularidad que condiciona la capacidad para cubrir las plantillas como por la «desconfianza» del Estado en las comunidades y ayuntamientos para que puedan autogestionarse.

Educación y salud mental

En materia educativa, UGT Servicios Públicos ha reclamado a la Conselleria de Educación y Universidades que cumpla con el acuerdo firmado con el sindicato para devolver el recorte salarial al personal público en 2020.

En concreto, el acuerdo, alcanzado a principios de mayo, implicaba la retirada de la demanda contencioso-administrativa interpuesta por UGT Servicios Públicos, la única que permanecía viva en el conflicto laboral y judicial originado la pasada legislatura contra el Ejecutivo autonómico por los recortes de un 2% de los salarios en 2020 y de un 0,9% en 2021.

Sobre esta cuestión, la secretaria del sector en el sindicato, Azahar Tortonda, ha explicado que han solicitado una reunión con el conseller de Educación, Antoni Vera, para reclamar el cumplimiento del acuerdo, puesto que hay 4.500 docentes de la concertada que tienen pendientes entre 1.500 y 2.000 euros de atrasos.

Entre otras cuestiones, el sindicato ha puesto el foco en la importancia de la salud mental de los trabajadores, que pasa por garantizar condiciones dignas en el trabajo. Según UGT, siete de cada diez bajas en el sector público están relacionadas con la salud mental.