El Ayuntamiento de Palma prorrogará otra vez la explotación de las playas pese al rechazo del interventor

El Ayuntamiento prorrogará de nuevo la explotación de las cinco playas de Palma pese al rechazo del interventor contrario a esta medida que afectará a la mayor de ellas, Playa de Palma (gestionada por la misma empresa desde que le fue adjudicada en 1997 por 25 años) y a las restantes cuatro playas de la capital balear.

Todas las concesiones playeras desde Cala Major a la citada Playa de Palma, pasando por Can Pere Antoni, Cala Estancia y Ciudad Jardín, seguirán siendo administradas en precario por sus actuales concesionarios como  ocurre desde hace un año, sin tener ninguno de ellos título válido tras haber dejado de estar en vigor el contrato de adjudicación, y sin que el gobierno municipal, haya sacado a concurso estos negocios, en algunos casos, millonarios.

El caso más llamativo de todos es el de Playa de Palma donde la compañía Mar de Mallorca tiene asignados los servicios playeros desde el año 1997, es decir, desde hace más de un cuarto de siglo. La concesión, inicialmente firmada a finales del siglo pasado por un plazo de 25 años, caducó el 30 de noviembre de 2023. El Ayuntamiento ya en ese momento decidió concederle a la empresa una prórroga automática por la necesidad y el interés público por mantener la limpieza y conservación de los jardines de la primera línea.

Es, sin duda, el negocio de más mayor calado de todas las playas, dado que estamos hablando de la explotación 6.000 hamacas, 3.000 sombrillas y numerosos elementos náuticos en la mayor zona turística de Baleares con más de 30.000 plazas turísticas, que garantizan la presencia constante de bañistas durante la mayor parte de los meses de la temporada alta.

De hecho los cientos de empresarios turísticos de la zona habían puesto muchas ilusiones en el concurso público para la gestión de los servicios de  esta playa, ya que lo ven como una oportunidad de mejorar su calidad y así poder recuperar la prestigiosa Bandera Azul perdida la pasada legislatura. Todo un símbolo de excelencia internacionalmente reconocido que se otorga a playas que cumplen estrictos criterios en varias áreas clave, incluyendo la calidad del agua, la gestión ambiental, la seguridad y de los servicios, entre otros.

Si el Ejecutivo municipal justificó la prórroga de la gestión de las cuatro playas restantes hace ahora un año porque apenas llevaba siete gobernando, y no había tenido tiempo de redactar los pliegos de los concursos, la realidad es que el tiempo ha pasado, y se han agotado todos los plazos para que cristalizara a tiempo la renovación de estas concesiones de cara al próximo verano.

Unas prórrogas que el Ayuntamiento justifica por la necesidad de mantener una serie de prestaciones que son obligatorias como la limpieza de la playa y recogida selectiva de los residuos generados; el mantenimiento de los puestos de socorrismo, de los baños públicos, de duchas y papeleras de recogida de residuos; la retirada de la posidonia que se acumule en la arena; la colocación de pasarelas, útiles y elementos para dar acceso en la playa a personas con discapacidad, y el mantenimiento de los rótulos y elementos de señalización de las playas.

En el futuro concurso el departamento municipal de Gobierno Interior y Hacienda está obligado a poner el acento en la mejora en la accesibilidad a las playas, además de regularizar la presencia de baños públicos y la pertinente actualización de los precios.

Unos pliegos que una vez redactados tendrán que ser remitidos a la Demarcación de Costas para su evaluación y visto bueno.

En caso de que no haya objeciones a los nuevos criterios municipales que se introducirán en los pliegos, será entonces cuando el Ayuntamiento  podrá convocar los concursos para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas para explotar las playas palmesanas. Hay que recordar que el artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, declaró la competencia de los municipios para limpiar y vigilar las playas, razón por la que fueron pasar a tener preferencia en la explotación de los llamados “servicios de temporada”.