Armengol no gastó un euro de las ayudas para prevenir la explotación sexual a menores tuteladas

No sólo se negó a investigar las múltiples denuncias sobre el particular en las pasadas dos legislaturas sino que, además, el Govern de la hoy presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, no gastó un solo euro de las ayudas para prevenir la explotación sexual a menores tuteladas.

Un asunto que, en estos momentos, está ya judicializado y sobre el que han sido citados a declarar en condición de investigados la ex consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago (Més), y el ex presidente socialista del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, tras una querella sobre menores tuteladas abusadas sexualmente que, hace más de un año, presentó Vox y la asociación Justicia Poética.

Pese a los numerosos casos que se vivieron en Baleares, el anterior Ejecutivo no gastó ni un euro del presupuesto que les transfirió en 2022 el Ministerio de Igualdad para que pusiera en marcha la formación para la prevención y detección de explotación sexual y trata en los centros de menores.

En 2022, Igualdad comenzó a destinar una partida anual de 800.000 euros para la implementación de programas de prevención de abusos sexuales y de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual en menores tuteladas o acogidas por las administraciones.

De esa partida, las comunidades autónomas sólo ejecutaron un 45,58 % del total. Siete autonomías, en concreto, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, así como las ciudades de Ceuta y Melilla no gastaron ni un euro del dinero recibido con este fin, según ha informado el Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP.

Si Baleares con el PSOE al mando del Govern en 2022 no gastó nada, dos comunidades gobernadas por el PP, Galicia y Andalucía, se situaron a la cabeza del gasto y fueron las que emplearon más fondos para desarrollar esta formación (el 100 y el 99,22 %), seguidas de Castilla y León (88,47 %), Comunidad Valenciana (86,48 %), Cantabria (65,5 %), Asturias(56,22 %), Madrid (53,01 %) y La Rioja (41,83 %).

De los 800.000 euros repartidos en 2022, sólo se gastaron 364.609,54.

País Vasco y Navarra no participaron de este reparto de fondos por sus regímenes específicos de financiación.

Las comunidades autónomas que sí implementaron medidas con estos fondos organizaron un total de 40 actividades de formación: 13 en la Comunidad Valenciana, 12 en Castilla y León, 9 en Andalucía, 2 en Cantabria y Galicia, una en La Rioja y otra en Asturias.

La distribución territorial de los fondos, aprobada en Conferencia Sectorial de Igualdad, respondió a tres criterios: la dispersión poblacional; el número de menores de edad atendidos por el sistema de protección y el número de plazas en centros para menores de edad.

Andalucía, Cataluña y Madrid fueron las comunidades que más dinero recibieron (el 16,81 %, el 12,88 % y el 10,37 % del total).

En conjunto, los nueve territorios que no ejecutaron ni un euro de las partidas asignadas recibieron un total de 351.281,7 euros. Esto es, el 43,9 % del total presupuestado.

El dinero no ejecutado en ese ejercicio se descontó de la partida presupuestada para 2023 (cuando se destinaron otros 800.000 euros para estas formaciones).

«Los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar el ejercicio, que se encuentren en poder de las comunidades autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos», precisa el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que se aprobó el reparto de los fondos.

«Se utilizarán en el siguiente ejercicio», añade, «como situación de tesorería en el origen como remanentes que serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada comunidad autónoma o a las ciudades de Ceuta y Melilla».

Estas semanas, el departamento de la ministra socialista, Ana Redondo, está evaluando el grado de ejecución de esta partida de ayudas concedidas.

El martes, el Consejo de Ministros aprobó nuevas partidas contra las violencias machistas para 2024 entre las que también se encuentran los 800.000 euros para la prevención de explotación sexual en menores tuteladas. El dinero que no se haya gastado en 2023, dejará de percibirse en 2024.