Armengol está obligada a aplicar en Baleares la sentencia que ordena impartir el 25% en español

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenando a la Generalitat a ejecutar la sentencia del 25% de enseñanza en castellano en todas las escuelas sienta jurisprudencia y es de aplicación en Baleares a pesar de que el Govern de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol sostenga lo contrario. Las colegios públicos de Baleares siguen aplicando la inmersión en catalán a pesar de las distintas resoluciones de los tribunales de Justicia y del propio Tribunal Constitucional.

El Govern balear sigue empeñado en rechazar que las sentencias judiciales sean de aplicación en Baleares a pesar de tener en sus manos una resolución del Defensor del Pueblo sosteniendo todo lo contrario.

El 16 de diciembre de 2020, el Defensor del Pueblo confirmó a la Conselleria de Educación de Baleares que existe jurisprudencia y lo hizo en base a una queja presentada por la asociación de profesores Plis ante el hecho de que los proyectos lingüísticos de Baleares no recogen un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano.

Dice en su escrito el Defensor del Pueblo que el Tribunal Supremo atribuyó a las comunidades autónomas la competencia para determinar la proporción razonable de la enseñanza en lengua castellana y en la lengua oficial de la comunidad autónoma. «Un criterio de razonabilidad que ha terminado fijando finalmente el Tribunal Supremo, con un mínimo del 25% para la enseñanza en castellano».

El Defensor del Pueblo dice que «partiendo de esta doctrina, que fija de forma unánime que el castellano y el catalán deben tener la consideración de lenguas vehiculares de enseñanza bajo un modelo educativo plurilingüe, el derecho a recibir enseñanza en castellano no es absoluto e incondicionado, al estar configurado “dentro del marco de la programación educativa” diseñada por la Administración educativa autonómica, que debe garantizar la proporcionalidad de las lenguas vehiculares, sin que en ningún caso pueda ser inferior al 25% para la enseñanza en lengua castellana».

Ahora la asociación de profesores Plis exige al Govern balear que actúe de inmediato y sin esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares le obligue a garantizar que las dos lenguas oficiales de Baleares tengan una presencia mínima del 25%.

La sentencia del Tribunal Superior de justicia de Cataluña, que obliga a la Generalitat a no proseguir en su omisión del deber normativo de garantizar la presencia del castellano en las escuelas en al menos el 25%,  es definitiva y vuelve a sentar jurisprudencia aplicable a toda España.

Por ello, Plis dice que «los derechos deben ser garantizados por los gobiernos, no obstaculizados ni impedidos, y el poder Ejecutivo debe, en aplicación de la división de poderes, ser el primero en cumplir las sentencias judiciales».

La sentencia del TSJC indica con claridad que la Administración debe abandonar la omisión del deber de garantizar los derechos mediante la normativa correspondiente. «Pero parece que, para la Generalitat y el Govern balear, con la colaboración del Gobierno español, en asuntos lingüísticos lo importante es no dictar ninguna norma que proteja derechos lingüísticos, sino imponer a la fuerza siempre y en toda situación el catalán como lengua única», afirma Plis.

Y prosigue la asociación Plis: «El Govern balear sabe perfectamente que ningún centro escolar público de las Islas permite que el castellano sea lengua de enseñanza y que la omisión normativa  en este asunto es precisamente la que permite que se infrinja el ordenamiento jurídico. No sirve alegar que esta sentencia no es aplicable en Baleares, porque la jurisprudencia y doctrina en la que se basa es de aplicación estatal. Más pronto que tarde, también el TSJ de Baleares obligará por sentencia a aplicar el mínimo del 25%».

La sentencia

Ha sido esta semana cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalidad de Cataluña que ejecute la sentencia del 25% de enseñanza en castellano en todas las escuelas. Esta decisión ha sido tomada a raíz de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña pidiera la ejecución forzosa de la sentencia que impone más presencia del castellano en las aulas.

La sala contenciosa ha dado un plazo de 15 días para que el despertamento de Educación «dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que procedan a efectos de que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en otro caso».

Por otra parte, también ha ordenado que la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento de esta ejecución, «informando al Tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado», indica la sentencia .