El alcalde socialista de Palma tiene sin contrato el servicio a las víctimas de la violencia machista

El alcalde socialista de Palma, José Hila, tiene sin contrato en vigor el servicio integral a las víctimas de violencia de género por la dejadez del gobierno municipal de coalición con independentistas y Podemos, que ha sido incapaz durante toda la legislatura de sacar a concurso la gestión de esta atención a mujeres maltratadas y a sus hijos.

Una prestación que desde 2020 funciona sin amparo ni cobertura legal alguna y cuyas facturas de más de 17.000 euros mensuales se conceden a dedo, tras pasar por el pleno municipal y ser aprobadas mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, por los 15 concejales del equipo de gobierno presidido por el alcalde Hila.

Se trata de una situación irregular que ha sido advertida en numerosas ocasiones a lo largo de estos años por el interventor municipal, cuyas recomendaciones para regularizar esta prestación son ignoradas por el concejal de Justicia Social, Feminismos y LGTBI de Podemos y portavoz municipal, Alberto Jarabo.

Este servicio de acogida a mujeres víctimas de género y a sus hijos del Ayuntamiento de Palma consiste en la contratación de 23 plazas residenciales, distribuidas en 10 habitaciones dobles y una triple, y  mensualmente asciende a 17.415 euros.

En la última factura pagada a dedo, el interventor no deja lugar a dudas de la gravedad de esta forma de proceder y advierte de que ha «detectado infracciones del ordenamiento jurídico» y califica a priori el acto «como nulo, con opinión favorable al reconocimiento extrajudicial de obligaciones».

Pero en relación a este reconocimiento, el fiscalizador de las cuentas municipales es tajante sobre este modo reiterado de proceder: «El reconocimiento extrajudicial de un crédito no supone su validación o enmienda, ya que el acto sigue siendo nulo de pleno derecho». Y sobre la aprobación de las facturas por el pleno puntualiza: «No eximirá de la exigencia de las responsabilidades a quien en su caso correspondiera».

De la documentación existente en el expediente, el interventor precisa que «se puede constatar que las prestaciones han sido realizadas» pero «con el fin de evitar el enriquecimiento injusto, debería reconocerse la obligación del gasto que se propone, al no ser presumible que el importe de la citada indemnización, sea inferior al importe que se reclama». Un precio cuyo importe nadie conoce si se ajusta o no a mercado.

Entre otras cuestiones porque no se sabe si la entidad que presta el servicio cumple con las obligaciones que se le exige a cualquier empresa que quiera contratar con la Administración, en cuanto a solvencia técnica y económica (y si la empresa paga a sus trabajadores, Seguridad Social, Hacienda, etcétera). Al no convocar un concurso para su gestión, el gobierno municipal no deja tampoco que otras empresas se puedan presentar y por tanto se desconoce si se podría prestar un mejor servicio a este colectivo tan sensible como el de las mujeres maltratadas, que tanto asegura proteger el actual gobierno municipal.

Pero no sólo el gobierno municipal no saca a concurso el servicio para lograr una mejor prestación para las víctimas, sino que incluso votó en contra cuando el PP presentó una iniciativa en este sentido al pleno municipal.