15 familias esperan desde hace un año que la Justicia balear reconozca el derecho a estudiar en español

Quince familias de Baleares esperan desde hace un año que el Tribunal de Justicia de Baleares resuelva el contencioso que presentaron exigiendo el derecho de los hijos a recibir al menos el 25% de las clases en español. Son las quince demandas presentadas por medio de la asociación de profesores Plis y Sociedad Civil Balear. El Govern de izquierdas que ha presidido hasta ahora la socialista Francina Armengol impuso que el 100% de las clases fueran en catalán y eliminó el español como lengua vehicular en la enseñanza.

A estas quince familias hay que sumar otras 90 que han iniciado el proceso contra la enseñanza 100% en catalán pero que todavía, por un motivo u otro, no han acudido a la Justicia.

Tanto el presidente de Sociedad Civil Balear, Tomeu Berga, como la presidenta de la asociación de profesores Plis, Olga Ballester, han lamentado el retraso de la Justicia balear en resolver los contenciosos y reconocer el derecho de los padres a que sus hijos reciban al menos el 25% de las clases en español.  Afirman las dos entidades que no entienden la tardanza en dictar sentencia sobre un asunto tan simple y tan claro.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares tampoco ha resuelto la demanda presentada en diciembre de 2021 por la asociación Plis para instar al Govern a garantizar un mínimo del 25% de las clases en castellano en todos los centros de enseñanza de financiación pública de las Islas. La demanda fue admitida a trámite pero desde entonces nada se ha sabido de la misma.

Mediante la presentación de la demanda, Plis pretendía que la Justicia obligara a la Conselleria de Educación a fijar un cuarto de clases en castellano y que se imparta al menos una materia troncal, además de las de Lengua y Literatura castellanas, en el idioma común de España.

Plis interpuso el recurso después de dirigir su solicitud a la Conselleria de Educación a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se señalaba la inactividad del gobierno de esa comunidad para regular el castellano como lengua vehicular en el 25% de las clases.

Los demandantes confiaban entonces en que el tribunal balear dictaminase que la Conselleria de Educación tenía que dar instrucciones a los directores de los centros «para adaptar los proyectos lingüísticos al ordenamiento jurídico». «Ante la inacción del Gobierno central, que abandona a los alumnos baleares a su suerte, y ante la decidida infracción del ordenamiento jurídico por el Govern balear, que anima a profesores y directores a ignorar la jurisprudencia, Plis y Sociedad Civil Balear dan un paso al frente para reclamar los derechos que déspotas se niegan a dar», indicaba la agrupación de profesores contraria a la inmersión en catalán.

El TSJB no ha resuelto ninguna de las quince demandas de padres de familia presentadas por Plis y Sociedad Civil Balear pero sí lo ha hecho con la que presentó Hablamos Español y lo hizo en sentido negativo. En noviembre de 2022 la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB denegó la petición de un padre de Mallorca para que su hija reciba el 25% de clases del instituto en castellano. Tres magistrados del Tribunal rechazaron la petición de la medida cautelar y otras dos magistradas emitieron un voto particular expresando su discrepancia con el criterio de la Sala.

La petición ante la Justicia la realizó Salvador Iglesias, padre de una adolescente que está cursando tercero de la ESO en un instituto de Mallorca y que recibe todas las clases en catalán. De este modo, el TSJB denegó así la petición de medida cautelar del progenitor, quien interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Conselleria de Educación y Formación Profesional por el silencio administrativo.

El Govern balear de izquierdas ahora en funciones que presidía la socialista Francina Armengol ha incumplido sistemáticamente la obligación de acabar con la  inmersión lingüística en catalán a pesar de tener en su poder un documento del Defensor del Pueblo desde diciembre de 2020 donde queda claro que la lengua oficial de España, junto con el catalán, debe ser lengua vehicular en la enseñanza y que los centros docentes están obligados a impartir al menos el 25% de las horas lectivas en lengua castellana.

El Defensor del Pueblo remitió un informe a la Conselleria de Educación tras la presentación de una queja por parte de la asociación de profesores Plis y en este informe le comunicaba que las sentencias del Tribuna Supremo y del Constitucional contra la marginación del castellano en las aulas de Cataluña han sentado jurisprudencia y son de obligado cumplimiento en toda España.

Ahora, todas las esperanza de Sociedad Civil Balear y la asociación de profesores Plis están en el acuerdo que puedan alcanzar PP y Vox sobre esta cuestión. Ambas formaciones defienden que el español debe ser lengua vehicular en le enseñanza pero mantienen discrepancias sobre la fórmula para acabar con la dictadura del catán en las aulas.