El PP señala al PSOE por el ‘centro del horror’ de Ateca: «Tuvisteis constancia de denuncias y quejas»

Este jueves, la consejera de Bienestar y Familia, Carmen Susín, ha comparecido a petición propia en las Cortes de Aragón, con el objetivo de informar sobre las actuaciones que llevó a cabo desde su consejería desde la segunda semana de agosto, cinco días después de que se hubiera decretado el cierre provisional por orden judicial del centro del horror  de Ateca (Zaragoza), tras el escándalo de presuntos abusos sexuales, maltrato y vejaciones por parte de trabajadores a algunos de menores internos.

Unos terroríficos hechos que habrían sucedido continuados en el tiempo y ante los cuales la jueza que instruye el caso decidió enviar a cinco de los trabajadores, entre los cuales se encuentra el director del centro, a la cárcel de Zuera, donde siguen desde que se decretara su prisión el pasado dos de agosto. Nos referimos a Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R. A, y a Iván R. M., respectivamente. 

El debate de Ateca en las Cortes de Aragón

El debate sobre Ateca ha sido intenso, después de que el PSOE, Izquierda Unida, Vox y Chunta Aragonesista, hayan solicitado además que compareciera la consejera para profundizar sobre lo ocurrido al respecto de la tutela de menores, incluidos los menas.

Si bien en el periodo que ha ocupado la exposición, ha predominado las recriminaciones mutuas entre el PP y el PSOE, ambos responsables del Departamento de Políticas Sociales, aunque en distintos periodos. En este sentido, Susín ha recordado que los contratos de Ateca parten del PSOE, cuando a partir de 2017 contrató los servicios de la UTE conformada por Langunduz y la ONG Fundación Salud y Comunidad, para derivar a este centro a menores tutelados por el Gobierno de Aragón, que se suponía especializado en terapias de reinserción para problemas en la conducta.

Susín ha señalado la popular, el PSOE tuvo «constancia de que había varias denuncias y quejas encima de la mesa» sobre su funcionamiento, y pese a ello, «volvieron a incluirlo en el acuerdo marco que adjudicó su Gobierno en funciones el 26 de junio de 2023 y que formalizó el 17 de julio del 2023», haciendo alusión a la ex consejera de Políticas Sociales, María Victoria Broto.

Un señalamiento que no ha sentado bien a la diputada socialista Pili Mar Zamora, quien en su turno de intervención ha justificado la anterior gestión del Ejecutivo de izquierda, pese a que los escándalos denunciados por los menores fue durante su mandato y con Joaquín Santos, al frente como director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Sin embargo, la socialista sólo ha aludido al actual director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, a quien le ha pedido que comparezca en las Cortes, puesto que hasta ahora «no ha hablado».

Acciones del Gobierno de Aragón

La consejera ha relatado en su comparecencia que, tras el cierre del centro el pasado dos de agosto, ese mismo fin de semana, se diseñó plan de trabajo que contemplaba la recopilación y el análisis de toda la documentación obrante en torno al centro de menores de Ateca, consciente de que las actuaciones debían ser con «carácter urgente» a fin de «mejorar el sistema de protección de menores».

Según ha explicado, fruto de este plan de trabajo, se inició la apertura de un expediente de investigación interno en el IASS, con su correspondiente instructor, para analizar las actuaciones de la Administración «en su deber de vigilancia y control», a fin de recopilar toda la información relativa a los hechos y para «depurar responsabilidades internas», en caso de que las hubiere, todo ello con la intención además de salvaguardar «el buen hacer de los profesionales de menores».

En el momento de la clausura judicial, el centro tenía 21 plazas concertadas con el IASS, otras 7 plazas con el País Vasco y 5 más con Islas Baleares, también afectada por el escándalo de abusos de menores. De momento, según ha explicado la consejera, el Gobierno aragonés sólo ha sido requerido por la Guardia Civil y la Fiscalía para la remisión de información y documentación que, con fechas 16 y 23 de agosto, fueron trasladadas a ambas instituciones.

De Ateca a la Fundación Samu

Así mismo, Susín ha anticipado que el próximo lunes, los menores de Ateca estarán reinstalados en el centro de la Fundación Samu, al menos durante seis meses, tras proceder a iniciar un procedimiento de contratación de urgencia para habilitar una unidad de atención terapéutica para menores, con una capacidad máxima de 15 plazas.

Próximas medidas

Según ha anunciado Susín, es de esperar que, en los próximos meses, Aragón cuente con «un plan de revisiones de centros de menores» además de «un registro del personal que trabaja en estos espacios», cuya orden de inició se firmó el pasado 14 de agosto. También ha recordado que se está trabajando para elaborar un protocolo de «mala praxis o vulneración de derechos» de los menores bajo medidas de acogimiento en la Comunidad Autónoma.

Además, desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, se ha pedido «un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ante la posibilidad de exigencia de daños morales a la contratista», ha detallado, en razón del descrédito producido al Gobierno y el daño a su «prestigio institucional», consecuencia del actuar de dicha entidad gestora.

Informes semanales

La Consejera ha explicado también que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo una revisión de todos los contratos con las entidades que forman parte del acuerdo marco, con quienes se está en permanente comunicación, a las que el IASS ha requerido toda la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y técnica; también relativa a sus trabajadores.

También se ha dado instrucción por parte del Gerente del IASS para que semanalmente se reporte «un informe firmado por las subdirecciones provinciales, competentes en materia de menores, con las incidencias que se produzcan en el sistema de tutelas y protección a la infancia», así como «comunicación inmediata en las incidencias consideradas graves», medidas que se suman al resto que se han implementado, entendidas todas ellas como un paso imprescindible para reforzar la vigilancia del funcionamiento ordinario de los centros de menores.