Aragón denuncia el caos para acoger menas con «problemas de conducta»: «No hay centros especializados»

Este miércoles, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha reconocido en rueda de prensa que hay menores no acompañados (menas) que padecen «trastornos de conducta o problemas añadidos”»y que lo más conveniente sería que estuvieran internos en un «centro de reforma».

Susín ha denunciado el caos que se está viviendo en estos momentos en el sistema de acogida de menores: «Es muy complejo que convivan en un centro de protección normal». Tras sus contundentes declaraciones, la consejera ha tratado de aclarar que es una situación que también afecta a menores españoles tutelados.

En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, el Gobierno de Aragón culpa de dicho caos al Gobierno de España, al considerar que está «reventando» los sistemas de menores de las comunidades autónomas, «que dejan de ser de protección para convertirse en sistemas de reforma para el que ni hay herramientas ni personal profesional para sostenerlo».

«En estos momentos, los educadores sociales trabajan por y para la protección de los menores en situación de vulnerabilidad, pero esta tipología de menores escapa de las capacidades de los profesionales y de sus responsabilidades», añaden en el comunicado.

Cuando la consejera ha sido preguntada por los periodistas sobre el número de menores que estarían actualmente desatendidos conforme a sus necesidades, ha declinado dar un número concreto o una cifra aproximada.

Según Susín, la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón «es proteccionista y no responde ahora a las necesidades que podemos tener en determinados perfiles de menores», añadiendo que «muchas veces es complejo que un menor entre en reforma».

La titular de Bienestar Social ha criticado «la política de puertas abiertas, que está generando un efecto llamada que no solo hace que estos chavales se jueguen la vida en el mar, sino que está desbordando los sistemas de protección de las comunidades autónomas», añadiendo que hay diferentes perfiles, ya que unos necesitan protección por circunstancias familiares o personales y otros requieren «un proceso de reforma».

«Es un problema que ha generado el Gobierno de España, que está jugando deliberadamente con el efecto llamada para crear malestar social y lo debe solucionar el Gobierno de España haciéndose cargo de esos menores», ha sostenido, «las comunidades autónomas no están preparadas para trabajar con ese perfil de chavales».

«Estos menores, salvo que estén en un proceso de reforma por medida judicial, viven en centros abiertos y la mayoría convive con normalidad. Son sus hogares, acuden a sus centros escolares, entran y salen, se mueven, deciden ir a otra comunidad y muchas veces la guarda la tiene otro Gobierno», ha defendido.

¿Menas con problemas?

Las declaraciones iban al hilo del último suceso que se ha vivido en el centro de menores de la calle Comadre de Teruel, cuando la semana pasada un mena provocó de manera intencionada un incendio en la planta baja de las instalaciones, ocasionando que dos trabajadores tuvieran que ser atendidos de urgencias.

Este caso ha recordado lo sucedido hace justamente un año en otro centro de menores en Aragón, conocido como ‘el centro de los horrores’ de Ateca –que permanece cerrado por orden judicial–, donde varios menas abusaron sexualmente de otros internos, así como les extorsionaron y vejaron haciéndoles la vida imposible.

En este centro privado, el Ejecutivo aragonés tenía plazas concertadas, y se sustituyó por un centro propio gestionado, a través de contrato de emergencia, por una entidad que ha solicitado ser sustituido por otro, cuya licitación, según han avanzado, se está preparando.

Reparto de menas a Aragón

Respecto al Real Decreto Ley de reparto de menores migrantes no acompañados actualmente en Canarias, ha adelantado que Aragón lo recurría, calificándolo de «arbitrario, injusto e inexplicable», al denunciar que comunidades como Cataluña no recibirán menores, frente a otras como Melilla, Murcia, Baleares, además de Aragón.

El Ejecutivo aragonés calcula que con la ayuda de más de 3 millones de euros recogida en el Real Decreto Ley, la Administración autonómica podrá atender a los 251 que vendrán a la comunidad solamente durante 90 días.

Ha apuntado que hasta ahora, cuando las comunidades autónomas acogían de forma voluntaria a los menas, el Gobierno de España abonaba 145 euros al día, pagando el coste de un año de una vez, pero el Real Decreto Ley prevé un coste de 35 euros al día por cada uno de los 251 menores provenientes de Canarias más «una cantidad ínfima» de 300.000 euros al reconocer el Ejecutivo central «la sobresaturación» de los servicios de protección de menores de Aragón.

«Hemos preguntado al Ministerio -de Infancia y Juventud- cómo se ha calculado puesto que no somos capaces de encontrar un cálculo coherente en ese cuadro», ha indicado Susín, quien además ha comentado que el precio de cada plaza es diferente en función del tipo de centro.