Sánchez permite a una alcaldesa socialista maltratar a la Policía y cubrir sus puestos ¡con seguridad privada!

La alcaldesa socialista de Marchena (Sevilla), María del Mar Romero, se ha salido con la suya. Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha permitido cubrir con seguridad privada la falta de agentes de Policía Local propiciada por el constante maltrato a la plantilla, tal y como avanzó OKDIARIO.

De este modo, y una vez el Ayuntamiento de Marchena, gobernado por la socialista María del Mar Romero, ya había incorporado seguridad privada para suplir las 23 bajas, de un total de 31 agentes. Una carencia de efectivos que obedece al constante maltrato al que Romero somete a sus policías.

Maltrato

La socialista María del Mar Romero maltrata a la Policía Local del municipio del que es alcaldesa, Marchena (Sevilla), donde los agentes alegan una persecución hacia el Cuerpo que está provocando, incluso, bajas por ansiedad. No se cubren los puestos vacantes desde hace años, no se pagan las horas extra, la alcaldesa miente sobre el sueldo de sus policías y, lo que es peor, se niega a sentarse a negociar con personas que, pese a la situación, siguen cumpliendo a la perfección con su cometido. Los policías se preguntas por qué el PSOE sí se reúne con asesinos, pero no con policías. 

Antonio Moreno, sindicalista de la Policía Local de Marchena por UGT, ha explicado a OKDIARIO que llevan «once años solicitando un relevo generacional y, a parte, no está teniendo en cuenta ninguna de las consideraciones que se están haciendo al respecto. ¿Qué menos que la alcaldesa se encuentre con su Policía?», se pregunta.

«Es complicado entender que en un Estado democrático como en el que estamos no se nos pueda escuchar. Sin embargo, sí se puede aceptar que un partido, el PSOE, que es un partido que tiene las manos manchadas de sangre, se reúna con terroristas y, sin embargo, no se reúna con las personas que trabajamos para que no haya esas manchas de sangre», señala Moreno, que considera «inconcebible» las reuniones de los socialistas: «Con asesinos sí y con policías no».

«Un partido, el PSOE, que es un partido que tiene las manos manchadas de sangre, se reúne con terroristas y, sin embargo, no se reúne con las personas que trabajamos para que no haya esas manchas de sangre»
Ramón López Ramírez, del sindicato policial FPPME, añade que la socialista «no se reúne con nadie». «No es sólo con nosotros. No se quiere reunir tampoco con la oposición, que me consta que han querido hablar con ella referente a nuestro tema, y tampoco. Hemos intentado nombrar mediadores y no ir nosotros (los representantes sindicales), y tampoco lo ha aceptado. La cuestión es que aquí, o es lo que dice ella o es lo que dice ella», explica López Ramírez, que recuerda cómo la socialista acabó recientemente una intervención diciendo que si ellos quieren guerra, la tendrían: «La Policía Local de Marchena no quiere guerra. Quiere diálogo y respeto».

Otra de las cosas que más irritan a los agentes son las mentiras que divulga María del Mar Romero sobre su salario. Entre lágrimas, los agentes explican que «nos está dejando tirado por los suelos. Dice que cobramos 2.597 euros. Pues, le he dicho, te voy a pedir los 490 que me faltan. Yo cobro 2.100 euros al mes y un compañero que entra cobra 1.897 euros al mes».

Denuncias del PP

El PP de Sevilla ha advertido este viernes de que al autorizar tal extremo, el Gobierno central ha «abierto una puerta muy peligrosa para la seguridad de los españoles», mediante una «interpretación torticera» de las leyes. La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha intervenido este viernes en el Comité Territorial de Portavoces del PP de Sevilla, junto al vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol; y la secretaria general del PP andaluz, Loles López; lamentando «los tintes absolutistas que está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez con la connivencia del PSOE andaluz, una deriva totalitaria que también está llegando a la provincia de Sevilla y que está abriendo puertas muy peligrosas para los sevillanos».

A su entender, la medida adoptada por la alcaldesa socialista de Marchena constituye «un ataque inadmisible a los miembros de la Policía Local», reprochando a la alcaldesa que en el marco del conflicto que sacude al cuerpo, haya «provocado la baja por ansiedad y depresión de 23 agentes de los 31 que hay en activo, lo que supone un auténtico riesgo para la seguridad en el municipio, al no contar con suficientes policías para garantizar los turnos», extremo esgrimido por el Gobierno local para la incorporación de vigilancia privada que apoye a la Policía Local.

«Ante esta situación, y lejos de que desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla haya apoyado a Marchena poniendo a su disposición efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado como agentes de la Guardia Civil, el subdelegado, Carlos Toscano, ha decidido autorizar a la alcaldesa para que vigilantes privados hagan labores policiales», rememora Virginia Pérez, pues en efecto la Subdelegación ha confirmado que la medida cuenta con su autorización, merced a informes «favorables» del Ministerio de Interior, según fuentes de la institución consultadas por Europa Press.

En este punto, Virginia Pérez insiste en que «la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coordinación de Andalucía especifica que lo único que puede hacer la vigilancia privada son labores de vigilancia de edificios y solo, en determinadas circunstancias, con carácter extraordinario y cuando así lo soliciten las Fuerzas de Seguridad del Estado, la vigilancia privada podría apoyarles». «Unos supuestos que nada tienen que ver con lo que ha hecho el subdelegado del Gobierno autorizando la contratación de vigilantes privados para la seguridad de Marchena», ha considerado.

Así, ha reiterado que el PP va a «pedir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez ante la peligrosa puerta que está abriendo en esta provincia y que podría suponer una brecha en la seguridad de los sevillanos». «Lo que tendrían que explicar Marlaska y Sánchez es si han decidido que a partir de ahora la seguridad de los españoles va a ser responsabilidad de la vigilancia privada y no de la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local», ha enfatizado, apreciando una «interpretación absolutamente torticera de las leyes».