El Parlamento andaluz aprueba la primera Ley de Economía Circular de España con el apoyo de PP y PSOE

El Parlamento de Andalucía ha sacado adelante este miércoles la Ley de Economía Circular de la comunidad, pionera en España y clave para la reutilización de productos. La norma ha contado con los votos a favor de PP y PSOE, el voto contrario de Vox y la abstención de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

La Ley de Economía Circular es la cuarta ley que obtiene su refrendo parlamentario en esta XII Legislatura tras la Ley del Presupuesto de la Comunidad para 2023, la modificación de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía y la Ley de la Atención Temprana en Andalucía.

Tras aprobarse, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha agradecido ante el Pleno la aprobación de esta ley, que «garantiza un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras. Es la mejor apuesta por hacer de nuestra economía una economía de garantías y compatible con la conservación del medio ambiente». El consejero ha destacado el marcado carácter municipalista de la norma y ha resaltado que supone un «paso definitivo para un modelo de producción más sostenible y por una protección ambiental más ambiciosa».

La Ley de Economía Circular se estructura en 94 artículos, distribuidos en siete títulos, y tiene seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 15 disposiciones finales.

La norma prevé la creación de la Oficina Andaluza de Economía Circular y la elaboración de una Estrategia Andaluza para la Economía Circular, además de instrumentos de planificación de ámbito local, obligatorios, al menos, para la gestión de residuos municipales.

Asimismo, recoge la incorporación de cláusulas medioambientales y circulares para la contratación pública y en su Título III aborda la implantación de la economía circular en la comunidad, con aspectos como el análisis de ciclo de vida de productos, obras y servicios. Para ello pone en marcha el Registro público andaluz de análisis de ciclo de vida.

La Ley de Economía Circular contempla también mecanismos para lograr la circularidad en la producción y el consumo y la lucha contra todos los tipos de obsolescencia, con la pretensión de reducir la cantidad de residuos generados a través de la gestión de los bienes no vendidos y el impulso a la reparación.

Inversiones empresariales estratégicas

Para favorecer las inversiones en economía circular, la norma prevé que los proyectos de actividades de valorización material sean considerados como inversiones empresariales de interés estratégico.

Establece también el principio de jerarquía de los residuos y se transponen objetivos concretos y cuantificables de diferentes directivas europeas sobre residuos, aún no transpuestos a la normativa nacional, siempre en el ámbito de competencias autonómico.

La ley aboga por establecer procedimientos específicos para el caso en que una sustancia u objeto de un proceso productivo concreto, desarrollado en Andalucía, pueda ser considerado subproducto, y se especifica el procedimiento para que, en ausencia de órdenes ministeriales, un residuo valorizado en una instalación ubicada en territorio andaluz pueda dejar de ser residuo para su uso en una actividad o proceso industrial.

En el texto se aborda la recogida de basuras marinas; las cadenas de valor de electrónica, tecnologías de la información y la comunicación, baterías y vehículos, con aspectos como la recogida y gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos y los vehículos al final de su vida útil; la circularidad en el sector textil y la aceleración de la transición hacia la economía circular en los alimentos, nutrientes y bioproductos, así como la planificación sobre el desperdicio alimentario.

También se aborda la aplicación de los principios de economía circular al ciclo integral del agua, como la gestión sostenible del drenaje pluvial y la utilización de aguas regeneradas, con especial atención a las masas de agua clasificadas en mal estado, así como al uso de lodos de depuradora.

En el caso de la construcción y edificios se establecen los principios, criterios y herramientas para fomentar la circularidad en el sector, desde la fase de diseño hasta la gestión de los residuos producidos en la actividad de la obra, tanto pública como privada.

La norma prevé también un régimen sancionador, con una escala de infracciones muy graves, graves y leves, que en el primer apartado contempla multas de entre 60.001 y 120.000 euros o hasta el doble
del beneficio obtenido con motivo del hecho sancionado. Además, incluye sanciones de entre 30.001 y 60.000 euros para las infracciones graves y de hasta 30.000 euros para las leves.

Intervención de los grupos

Por parte del PP-A, la diputada Araceli Cabello ha defendido que esta ley es «importantísima» y «es una de las prioridades de nuestro presidente», en referencia a Juanma Moreno, al tiempo que ha destacado que «damos un gran paso como la primera comunidad con una ley integral de Economía Circular», tras recordar que un texto similar de Castilla-La Mancha sólo recoge 9 artículos, mientras que ha desechado la idea del rodillo de la mayoría absoluta esgrimiendo la aprobación de un 64% de las enmiendas del PSOE.

La diputada del PSOE-A Mercedes Gámez ha agradecido al PP-A que haya aceptado 61 enmiendas de su grupo al texto, que han contribuido a enriquecerlo, y ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de más recursos económicos a los entes locales para que desarrollen las competencias que les son atribuidas. Gámez ha considerado un «escándalo» que a través de una enmienda del PP-A a la norma se pueda emplear el dinero que proviene de impuestos vinculados a la economía circular a «pagar nóminas de la Consejería de Sostenibilidad o actos de comunicación».

El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha manifestado que llama la atención que esta ley, cargada de «incertidumbre», destaque «con júbilo» la aprobación de la estrategia de economía circular del Gobierno de Pedro Sánchez. El diputado ha apuntando que el PP-A ha decidido alinearse con la «rendición», aceptando la Agenda 2030, y ha señalado que bajo el principio de quien contamina, paga, recogido en la norma, se van a imponer peajes. Además, Alonso ha criticado la creación de un nuevo organismo público, como es la oficina de economía circular.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha considerado que con la aprobación de la Ley de Economía Circular «se pierde una oportunidad importante» tras poner de manifiesto que «cualquier ley que no obliga es papel mojado». Delgado ha reprochado al PP que «con este proyecto de ley han vuelto a pasar el rodillo de la mayoría absoluta», lo que implica que con ello «se les cae la careta de gobierno moderado y de consenso».

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha afirmado que «el contenido de la ley» les resulta «decepcionante», ya que «cuando una ley no obliga a nada y todo lo que propone la ley se podría hacer es que no sirve para casi nada», punto en que ha indicado que «la palabra obligatorio sólo aparece seis veces». Con «esta ley se va a poder seguir permitiendo dar utilidad pública a la ampliación del vertedero de Nerva, a los fosfoyesos de Huelva y al cementario de El Cabril. Nos sigue relegando a ser el patrio trasero del desarrollo de otros países», ha lamentado.