Investigan nuevos pagos ilegales de la Junta socialista de Andalucía: 1,5 millones más bajo sospecha

El juez de Sevilla José Ignacio Vilaplana investiga el Plan Linares Futuro, el programa que la Junta del PSOE activó en 2011 tras el cierre de Santana Motor para dar salida a 750 trabajadores, por el pago de «anticipos» de ayudas al margen del procedimiento. Pero el auto del 16 de febrero pone el foco en dos datos especialmente graves: 17 personas cobraron pese a no figurar como beneficiarios y, además, se analiza un préstamo de 1.497.343,36 euros concedido en 2011 a la Asociación de ex trabajadores «28 de Febrero» sin «medidas de garantía suficientes» para recuperarlo.

Según recoge el auto, entre los 750 perceptores de esos «anticipos» había 17 que no aparecen como beneficiarios de las ayudas sociolaborales y, por tanto, «no tendrían derecho» a cantidad alguna, lo que el magistrado vincula con un posible «menoscabo de fondos públicos». Es uno de los elementos que alimenta la sospecha sobre cómo se gestionaron los pagos y quién controló realmente su destino.

A esa anomalía se suma la investigación de un préstamo de 1,49 millones otorgado a la citada asociación, una operación que la Intervención General de la Junta considera «improcedente» por la falta de garantías. El juez añade que, según la documentación incorporada al sumario, la formalización del préstamo aprobado «por unanimidad» en el consejo de administración de Santana -del que formaba parte la Junta- habría obedecido a una «mera ficción».

La investigación también examina el mecanismo de pago. El auto sostiene que los anticipos se canalizaron mediante transferencias de financiación de capital de la Agencia IDEA, «eludiéndose controles y fiscalizaciones», y recuerda que la Intervención ya había advertido «en numerosos informes» de que usar esa figura presupuestaria para aportar fondos al Grupo Santana o para anticipos del plan «no es el previsto en la normativa», lo que habría permitido que se abonaran ayudas «sin control alguno».

En esta pieza figuran como investigados Bienvenido Martínez Martínez -ex directivo de IDEA y ex presidente de Santana- y también Francisco S. J. y Salvador C. G., en representación de la Asociación «28 de Febrero». El procedimiento trata de aclarar si se cometieron delitos de prevaricación y malversación en torno a un plan firmado en 2011 con UGT y CCOO, que incluía una prestación mensual a más de 700 ex trabajadores a los que se prometió recolocación en cinco grandes empresas tecnológicas que nunca llegaron.