La Fiscalía del TSJA se querella contra el portavoz de Adelante por injurias tras la muerte de un mantero

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha interpuesto una querella contra José Ignacio García, diputado autonómico y portavoz de Adelante Andalucía, por un presunto delito de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La acción legal, anunciada este viernes 4 de abril en Sevilla, tiene su origen en las declaraciones de García tras la muerte de Mamour Bakhoum, un vendedor ambulante senegalés de 43 años que falleció ahogado en el río Guadalquivir mientras huía de agentes de la Policía Local. El diputado acusó entonces al cuerpo policial municipal de la capital hispalense de «racismo institucional y violencia policial», palabras que han motivado la querella tras la denuncia de dos sindicatos policiales.

La iniciativa judicial llega después de que CSIF y el Sindicato de Policía Local de Sevilla (SPLS) elevaran el caso al Ministerio Público, argumentando que las afirmaciones de García dañan el honor de los agentes implicados. En un comunicado, ambos sindicatos han aplaudido la decisión de la Fiscalía y han recordado que un juez ya archivó la causa por el fallecimiento de Bakhoum, descartando irregularidades en la actuación policial. «García mezcla la libertad de expresión con acusar sin fundamento a los policías en redes sociales», sostuvieron, resaltando el «gran trabajo» de la Policía Local y de otros cuerpos de seguridad.

El suceso que desató la polémica ocurrió cuando Bakhoum, conocido como mantero, saltó al río para escapar de los agentes que lo perseguían por su actividad comercial. La investigación judicial posterior eximió de responsabilidad penal a los policías, un fallo que los sindicatos destacan para rebatir la narrativa de García, quien, sin embargo, mantiene firme su postura.

En respuesta, el portavoz de Adelante Andalucía ha calificado la querella como «un ataque a la libertad de expresión» y un reflejo de «la deriva autoritaria del Estado». García ha prometido resistir, argumentando que su defensa trasciende su caso personal: «Estoy obligado a dar la cara porque otros no tienen los medios que yo, como diputado, poseo», afirmó. Además, anunció que abogará por los derechos humanos, las «personas migrantes» y la libertad de protesta en este proceso.

La querella de la Fiscalía inicia ahora un procedimiento que examinará los límites entre la libertad de expresión de un representante público y las acusaciones contra las fuerzas de seguridad, en un caso que continúa avivando la controversia en Sevilla.