Condenan por prevaricación a la ex delegada socialista del Gobierno en Ceuta por repatriar a 55 menas

La Audiencia de Cádiz ha condenado por prevaricación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos (PSOE) y a la ex vicepresidenta del Gobierno de la ciudad Mabel Deu (PP) por la repatriación de 55 menas a Marruecos en agosto de 2021, tras la invasión de 15.000 inmigrantes ilegales azuzados por Mohamed VI. El tribunal fija para ambas una pena de nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos en cualquier administración y para el ejercicio de funciones de gobierno.

El tribunal considera probado que ambas ex autoridades decidieron repatriar a medio centenar de menas pese a las advertencias de sus propios técnicos y de la Fiscalía de Menores, obviando la Ley de Extranjería, la normativa de protección del menor y la Convención de Derechos del Niño.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, actuaron con «consciente desprecio de las normas legales aplicables» y en coordinación con autoridades marroquíes mediante un acuerdo verbal, sin resoluciones administrativas individuales ni informes preceptivos. El fallo pone el foco en la actuación del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que avaló la operación pese a la flagrante vulneración del ordenamiento jurídico.

La devolución se ejecutó durante cuatro días, hasta que un juzgado de lo Contencioso en Ceuta ordenó la suspensión cautelar. Las repatriaciones fueron luego declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, que calificó la operación como una «expulsión colectiva» prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos  La sentencia recalca que el episodio supuso un «ejercicio arbitrario de abuso de poder» y vulneró de forma grave el principio de legalidad que debe regir la actuación de la administración.

El tribunal impone las costas a las dos condenadas, a partes iguales, y declara la pérdida de los honores asociados a los cargos que ostentaron. También las inhabilita durante nueve años para el derecho de sufragio pasivo. La Fiscalía pedía una condena de 12 años de inhabilitación para ambas, mientras que la acusación particular, ejercida por la Red Española de Inmigración y la asociación L’Escola, elevaba la pena a 15 años.

La Audiencia considera probado que entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 se produjo en Ceuta la entrada masiva de unos 15.000 inmigrantes ilegales a través del espigón del Tarajal, de los que unos 1.200 dijeron ser menores de edad.

Los magistrados señalan que la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta decidió, «sin ajustarse conscientemente a procedimiento legal alguno, realizar las actuaciones oportunas a fin de lograr la devolución rápida a Marruecos de aquellos menores».

También destaca que «de común acuerdo» con la delegada del Gobierno en Ceuta, «conocedora también de que no se ajustaba a legalidad alguna, decidieron practicar la devolución de los menores sin seguir lo establecido por el acuerdo marco de 2007 (esto es, con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño) que en principio se había invocado ni alguna otra norma del ordenamiento jurídico vigente».

Deu dejó la política y volvió a su actividad como docente en un instituto. Mateos está jubilada desde que fue destituida del cargo en octubre de 2022.

Caber recordar que en mayo de 2021 Ceuta vivió la mayor crisis migratoria de su historia reciente: en apenas 48 horas, unas 15.000 personas, en su mayoría marroquíes, cruzaron de forma ilegal la frontera del Tarajal tras la decisión de Rabat de relajar los controles en plena tensión diplomática con España por la acogida médica del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali (ingresó en un hospital de Logroño, con identidad falsa, para recibir tratamiento por Covid). Entre los llegados se contabilizaron más de 1.200 menores no acompañados, que colapsaron los recursos de acogida de la ciudad autónoma.