CCOO, investigado en el caso ERE, rechaza la rebaja fiscal de Moreno: «Pagan siempre los trabajadores»

El sindicato CCOO, implicado en varias piezas del caso ERE, ha rechazado este martes el «caramelo envenenado» que, a su juicio, supone la supresión del impuesto al patrimonio anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya que «cuando las cosas cuestan poco, al final, salen caras». De este modo, a quienes presuntamente colaboraron en la malversación de 680 millones de euros a los parados andaluces les parece mal que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos.

Así lo ha señalado su secretaria general, Nuria López, en rueda de prensa, en la que ha alertado de una serie de consecuencias negativas cuando «se vacía la hucha común de los servicios públicos, se hacen regalos fiscales y se dan caramelos envenenados al conjunto de la población en Andalucía».

«La hucha común nutre los servicios públicos» y este tipo de decisiones, en su opinión, no ayudan a su refuerzo y a que contribuya más el que más tiene. En contra, ha advertido de que, «al final, pagan siempre los trabajadores, las familias de Andalucía».

En concreto, ha ejemplificado esto señalando que «se tardarán diez días en contar con una cita médica en vez de dos, se tardarán más de diez horas en llegar en ambulancia de los pueblos a los hospitales, y se contará con una ratio más elevada en la educación pública, además de tener, en los pueblos, las ventanillas de servicios cerradas por falta de funcionarios».

Además, la sindicalista ha criticado que el presidente de la Junta alardeé de que Andalucía es «la segunda comunidad con menos impuestos tras su sexta rebaja fiscal», mientras sigue siendo «la penúltima» en inversión en educación pública, la tercera por la cola en inversión en sanidad o en inversión en el conjunto de servicios públicos donde «vamos cuesta abajo y sin frenos».

Cabe recordar que el juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, dictó en mayo del año pasado una providencia por la que reclamaba al Gobierno y a la Junta de Andalucía los certificados acreditativos de la personalidad jurídica de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores (UGT) a nivel estatal y autonómico con el objetivo de incluir, con carácter general, al sindicato y a todas sus federaciones como responsables civiles subsidiarios en todas las piezas de esta macrocausa en las que estén investigados o acusados dirigentes de ambas organizaciones sindicales. Además, CCOO tiene a dos responsables procesados por los 35,4 millones de euros que la Junta dio a Altadis y su Federación de Alimentación fue señalada como como responsable civil subsidiario por los casi 20 millones en ayudas a la bodega González Byass, entre otras muchísimas tramas en las que están salpicados.