El saqueo de los ERE: Chaves y Griñán alegarán al Supremo que fueron condenados por «prejuicios»

«Prejuicios, juicios de valor, elucubraciones y sospechas». La defensa de Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía condenado por el caso ERE, basará su versión exculpatoria ante el Supremo en un rosario de acusaciones al tribunal que lo juzgó en noviembre de 2019. Una estrategia que igualmente seguirá el letrado del también ex líder socialista José Antonio Griñán, que no considera acreditada su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de España.

Ambos ex dirigentes se enfrentan este martes a la revisión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que los condenó, junto a otros 17 ex altos cargos del PSOE andaluz, por repartir de forma discrecional y durante casi una década 679 millones de euros de fondos públicos reservados a ayudas sociolaborales y para empresas en crisis.

Por ello, ambos fueron condenados a una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. A José Antonio Griñán, además, el tribunal le impuso una pena de 6 años de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años por un delito continuado de malversación. Sin embargo, no conformes con el dictamen, recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, que durante los próximos días acoge la vista para que los abogados de la defensa, la Fiscalía y la acusación, que ejerce el Partido Popular, expongan sus alegatos al respecto.

«Prejuicios»

Así, el abogado de Manuel Chaves basará su versión exculpatoria en que «no existe prueba de cargo» contra el ex presidente de la Junta de Andalucía en el caso ERE. Según sostiene en su recurso de casación, el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla basó su veredicto «en un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones, sospechas y presunciones» en su contra.

Es más, señala que el ex dirigente del PSOE  no prevaricó porque «se limitó a participar en formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles», razón por la que pide su absolución.

En la misma línea se pronunciará el abogado de José Antonio Griñán, para quien el ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE fue condenado atendiendo a «meras presunciones y presunciones de presunciones». Según su versión, la sentencia «no describe una actuación ilegal», ya que el también ex consejero de Economía y Hacienda siguió «siempre el criterio de los informes favorables de la Intervención General».

Un extremo que la Fiscalía ha tachado de «irracional» y «contrario a la lógica». Para el Ministerio Público, las ayudas saqueadas en el caso ERE se concedieron por «decisión colegiada del Consejo de Gobierno», por lo que tanto Sánchez como Griñán «conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos».

En concreto, respecto a Chaves, la Fiscalía considera «inconcebible» que un cargo de «tan alta enjundia y responsabilidad como el de presidente de la Junta, ocupado durante casi 20 años, se ejerza en una especie de limbo autista en el que no se conoce nada de lo que, precisamente, exigen, imponen y comportan las funciones que le corresponden, como mínimo, respecto a los acuerdos del Consejo de Gobierno que presidió».

Lo mismo argumenta para Griñán, en cuyo caso el Ministerio Público considera igualmente poco creíble que «pudiera desconocer el sistema de concesión y reparto de las ayudas», ya que este procedimiento no podía ser ajeno al entonces consejero de Hacienda.

Elecciones

Ahora la decisión está en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que tras la vista tendrá que dictaminar si, como pide la Fiscalía, confirma las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla a los 19 ex altos cargos del PSOE por su implicación en el caso ERE o si, como solicitan las defensas, absuelve a los condenados.

Esta sentencia, no obstante, no se hará pública hasta que finalice la campaña electoral de las elecciones andaluzas que se celebran el próximo 19 de junio. Hasta entonces, los presuntos responsables de uno de los mayores casos de corrupción de la historia de España seguirán sin ser condenados en firme.