Populistas y separatistas, abono del terrorismo callejero en Barcelona

No es ninguna novedad que el populismo y el independentismo han servido de abono para que el terrorismo callejero haya convertido a Barcelona en centro neurálgico de sus violentas operaciones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reactiva a todo lo que sea incrementar el número de efectivos policiales municipales, ya ha dejado claro que no pondrá a patrullar a más agentes de la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana. Por su parte, la consejería de Interior de la Generalitat también ha sido muy clara al anunciar que no pedirá ayuda de la Policía Nacional. Y dado que la consigna es que los mossos mantengan en todo momento una actitud contenida ante los violentos -esto es, que aguanten la embestida de los cafres-, toda la ventaja la seguirán teniendo quienes han convertido Barcelona en una ciudad sin ley.

El responsable de la Consejería de Interior ha trasladado a Colau la necesidad de contar con un mayor apoyo de la policía local, que cuenta con más de un centenar de efectivos en plantilla, para actuar en este tipo de protestas violentas. Una petición a la que la alcaldesa se ha negado en rotundo, seis años después de prometer disolver a los antidisturbios de la Guardia Urbana. Colau no quiere ponerse en contra a los dirigentes de su partido hermano, Podemos, por lo que no dará ordenes a su cuerpo policial para aumentar la presencia en las calles. En las últimas semanas la participación de la Urbana en los dispositivos ha sido prácticamente testimonial. Y como la consejería de Interior tampoco está en disposición de colaborar, justo ahora que los votos de la CUP son necesarios para la formación de un Gobierno separatista, los mossos volverán a ser los grandes paganos de una situación en la que los terroristas callejeros seguirán campando a sus anchas y desatando la violencia.

Los sindicatos policiales aseguran que no es suficiente los alrededor de 200 agentes antidisturbios que a diario salen a las calles de Barcelona para controlar una manifestación de más de 10.000 personas con perfiles tan violentos. Denuncian que se sienten desprotegidos ante la furibunda reacción de los protestantes que «tienen a los policías como principal objetivo». Reivindican que «se trata de una decisión política acabar con estas protestas y todo lo que supone a nivel social» y que esa decisión pasa por «ampliar el número de antidisturbios que dan servicio en cada manifestación».

Esa es la triste realidad: la «caza» del policía se ha convertido para los grupos de extrema izquierda que funcionan como guerrillas urbanas en una práctica cotidiana ante la indiferencia política de los populistas y separatistas que gobiernan Barcelona y Cataluña.