El Senado estudiará los privilegios de la asesina de Gabriel en la cárcel tras colaborar en una serie

El revuelo por la posibilidad de que el caso del niño Gabriel Cruz se convierta en materia prima para un true crime llegará también al Senado, donde la madre del pequeño va a exponer las presuntas «irregularidades» que se estarían dando en la cárcel en la que cumple condena su asesina, Ana Julia Quezada, por la producción de esta serie. Al parecer, los responsables del documental se habrían puesto en contacto con la presa para pedir su colaboración, algo que también sostiene la madre del pescaíto, Patricia Ramírez, aunque se desconoce quién estaría detrás de este proyecto.

Patricia Ramírez va a comparecer el próximo 11 de junio en la Cámara Alta y apuntará cuáles son los privilegios de los que se estaría beneficiando la asesina de su hijo. La madre, que ya avisó cuando tuvo conocimiento de la existencia de este proyecto de que iba a encabezar una batalla judicial con la que echar abajo el true crime, asegura que tiene indicios de que Ana Julia Quezada tendría acceso a un teléfono móvil con el que habría contactado con periodistas para filmar desde prisión el documental.

Asegura igualmente tener constancia de que la productora, cuyo nombre sí conoce pero declina revelar, ha llamado a la condenada en varias ocasiones durante los últimos meses y habría conseguido entrevistas con ella. Está previsto que la comparecencia comience a las 11 horas de la mañana.

Ana Julia Quezada, que era pareja del padre de Gabriel cuando lo asesinó, cumple condena en la cárcel de Brieva, en Ávila, donde tuvo que ser aislada recientemente para garantizar su «protección» ante el «revuelo mediático» generado por la serie. La madre del pescaíto pretende imponer querellas criminales contra los funcionarios de prisiones -como presuntos autores del delito de cohecho- por haber facilitado las entrevistas de la condenada «sin permiso» de sus superiores, asegura. Además, emprenderá también acciones legales contra personas de fuera relacionadas con la presa, contra Instituciones Penitenciarias -de manera subsidiaria- y contra la propia Ana Julia Quezada.

Diferentes hechos criminales

Asimismo, Patricia Ramírez dará a conocer durante su intervención los «continuos incumplimientos del estatuto de la víctima tanto por acción u omisión» dentro del centro penitenciario, tal y como explica en un comunicado. Detallará todas las acciones legales que ha emprendido y cuáles son los «diferentes hechos criminales» denunciados.

Su meta es, insiste, en parar la producción de la serie para protegerse de la «clara intención de lesionar» a familiares y allegados de la víctima al «contar una nueva versión de lo acontecido»: «Espero que nos atiendan, protejan y amparen para tener calma y vivir sin miedo, posibilitando que ninguna víctima tenga que pasar por el mismo horror».

Aprovechará su paso por la Cámara Alta para solicitar una serie de «medidas urgentes» con las que «depurar responsabilidades» mediante una investigación de los hechos, y que permita a la vez «resolver su situación económica en aras a la responsabilidad civil» de medio millón de euros que la asesina le tiene que pagar como parte de su condena, una cuantía que aún no habría afrontado.

La madre del niño Gabriel inició una campaña bajo el lema Nuestros peces no se venden para luchar por la protección de la imagen de los menores que se han visto envueltos en graves sucesos ante la producción de docuseries y dramas que reviven estos hechos, dado el tremendo auge del true crime o de las series inspiradas en casos reales.