La Policía investiga el secuestro de tres hermanos menores de 7, 10 y 12 años en Zaragoza
Fue la tía de los niños desaparecidos quien avisó a los servicios sociales
La Policía Nacional está buscando a tres hermanos desaparecidos en Zaragoza durante la celebración de las Fiestas del Pilar. Los menores fueron vistos por última vez el pasado sábado 7 de octubre. El Ministerio del Interior activó la alerta por la desaparición de Nuria, Sheyla y Manuel Hernández Mediana, de 7, 10 y 12 años respectivamente. Aunque todavía se barajan todas las posibilidades, todo parece indicar que se trata de un caso de secuestro parental.
La plataforma SOS desaparecidos también se ha hecho eco de la desaparición y ha publicado en sus redes sociales una imagen de los tres menores y varios números de teléfono con los que los ciudadanos se pueden poner en contacto para aportar cualquier dato que facilite la investigación.
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Según las declaraciones de los familiares directos de los menores, los niños están tutelados por el Gobierno de Aragón desde el año 2022. «Tenían un permiso de 12:00 a 22:00 para estar con sus padres y pasadas las 23:00 no los habían devuelto», asegura la tía de los tres niños para el periódico Heraldo.
Según indica el mismo diario, en verano de 2022, el Servicio de Protección de Menores de la DGA retiró la custodia de los niños a los progenitores, que actualmente se encontraban acogidos en el domicilio de una tía, que fue quien avisó de que los padres no habían devuelto a la hora prevista a los menores.
A medida que pasan las horas, los investigadores de la Policía centran sus investigaciones en el posible secuestro de los tres hermanos desaparecidos en Zaragoza por parte de sus padres. Una pista relevante es que los agentes han sido incapaces de comunicarse con los progenitores de los tres chavales.
Según el Código Penal español, en su artículo 225 bis, se detallan las posibles condenas en caso de que unos padres secuestren a sus hijos: «El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de cuatro a 10 años».