El regalo fiscal de Sánchez a Cataluña: 1.900 millones para su sanidad a costa del resto

En los últimos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha negociado un nuevo marco fiscal con Cataluña para asegurar su continuidad en la Moncloa, y que ha culminado con un acuerdo económico entre la Generalitat y el Estado. Acuerdo, que conlleva una nueva brecha sanitaria entre comunidades autónomas y que posibilitará que el sistema sanitario catalán disponga de entre 1.500 y 1.900 millones más cada año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que este pacto fiscal catalán no afectará la «igualdad» en áreas fundamentales como la sanidad, uno de los pilares del estado del bienestar español, pero en realidad es todo lo contrario, pues aumentará claramente las diferencias.

Es más, si atendemos a las manifestaciones que ha realizado Jordi Fàbrega (Junts), al señalar que el problema de Cataluña es que se presupuestan «entre 12.000 y 13.000 millones de euros para salud – no 11.000 como se asegura- y se gastan 15.000 o 16.000», sumar otros 1.900 millones ofrece una cifra indecente, ante el conjunto de comunidades autónomas que no llegan a fin de año debido a los altos costes sanitarios. Y, si además, ese obsceno presupuesto diera como resultado una excelencia en calidad asistencial, aún resultaría menos ofensivo, pero resulta que su sanidad va a peor.

El presupuesto sanitario es una de las principales partidas del gasto público en cualquier comunidad autónoma, y Cataluña no es una excepción. Actualmente, dedica alrededor de 11.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 38% de su presupuesto total.

Si consideramos que una parte significativa de los nuevos fondos se destinará a sanidad, siguiendo una proporción similar al presupuesto actual, se podría calcular que Cataluña podría destinar hasta 1.900 millones de euros adicionales al año a su sistema sanitario, dependiendo de las prioridades del gobierno autonómico y de cómo distribuyan los nuevos ingresos.

El sistema sanitario en España está descentralizado, lo que significa que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de gestionar su sanidad, aunque el Estado aporta parte del financiamiento a través de transferencias del sistema general de financiación. A pesar de la promesa de igualdad por parte del Gobierno de Sánchez, la realidad es que las diferencias en el acceso y calidad de los servicios sanitarios ya existen entre las distintas regiones, y este nuevo pacto fiscal acentuará aún más estas desigualdades.

Cifras de gasto sanitario en España

Para entender mejor las posibles implicaciones de este acuerdo, es importante analizar las diferencias actuales en el gasto sanitario por habitante en España. Según el último informe del propio Ministerio de Sanidad, el gasto medio por habitante varía significativamente entre las comunidades autónomas. A nivel nacional, el gasto medio en sanidad por habitante en 2023 fue de unos 1.670 euros. Sin embargo, regiones como el País Vasco y Navarra, que también disfrutan de un régimen fiscal especial, presentan cifras considerablemente superiores, con 2.000 y 1.800 euros por habitante, respectivamente. Cataluña, en comparación, se sitúa alrededor de los 1.500 euros por habitante, pero con el nuevo acuerdo, podría, incluso, superar las cifras de las comunidades forales.

El pacto fiscal catalán no ha pasado desapercibido en el resto de España. Comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, que tradicionalmente han tenido un menor peso económico y mayor dependencia del sistema de financiación autonómica, ya han expresado su preocupación por las posibles repercusiones de este acuerdo. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, calificó el pacto como un «desequilibrio injusto», argumentando que podría generar diferencias en la calidad de los servicios públicos entre comunidades.

En este contexto, la sanidad es uno de los temas más sensibles. Los datos del Informe del Sistema Nacional de Salud de 2023 muestran que, mientras Cataluña tiene un índice de esperanza de vida entre los más altos de España, otras regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha enfrentan dificultades para mantener el nivel de atención debido a la falta de recursos.

Áreas de inversión

Con estos fondos adicionales, Cataluña podría hacer mejoras significativas en varias áreas de su sistema sanitario, creando más diferencias asistenciales que otras regiones. El conocido código postal que muchos especialistas médicos inciden a la hora de enfrentarse a distintas patologías como el cáncer, con este incremento fiscal, aumentará más, puesto que podrán destinar más presupuesto a terapias, personas u hospitales. 

Así, podrán acceder a una mayor contratación de personal sanitario, ya que precisamente Cataluña se ha enfrentado a muchas dificultades para retener y contratar suficientes médicos y enfermeros en los últimos años, especialmente en atención primaria. Un aumento en el presupuesto podría permitir un refuerzo considerable del personal médico.

En cuanto a las infraestructuras, podrán distanciarse más del resto de regiones al poder realizar inversiones en la renovación y ampliación de hospitales y centros de salud que, en algunos casos, presentan deficiencias estructurales o están sobrecargados.

La compra de nuevos equipos médicos avanzados o la mejora de los existentes, como resonancias magnéticas, máquinas de radioterapia o tecnología para cirugía mínimamente invasiva, estarán a su alcance y no de otras regiones con menores presupuestos.

Las listas de espera para consultas, diagnósticos y operaciones han sido un problema recurrente y en Cataluña especial en los últimos años por su pésima gestión sanitaria. Un mayor presupuesto podría permitir la ampliación de horarios de atención y la contratación de más especialistas, aliviando las listas de espera.

Cataluña podrá -y el resto no-, apostar por modernizar su sistema de atención médica mediante la inversión en herramientas digitales, como la telemedicina, para facilitar el acceso a servicios médicos en áreas rurales o remotas.