Mónica García se enfrenta a una tormenta de 400 alegaciones contra su Ley del Medicamento

Colegios profesionales, sociedades científicas, farmacéuticos, médicos y empresas del sector sanitario advierten que el anteproyecto promovido por el Ministerio de Sanidad no tiene consenso ni base técnica suficiente. El texto, uno de los principales proyectos legislativos de la ministra de Sanidad, Mónica García, acumula más de 400 alegaciones y genera creciente rechazo.

El ambicioso anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios que impulsa el Ministerio de Sanidad ha recibido un auténtico aluvión de críticas y objeciones. En total, más de 400 alegaciones se han presentado desde que se abrió el trámite de consulta pública, un número que refleja el malestar generalizado entre los profesionales sanitarios, los colegios oficiales y la industria farmacéutica.

Lejos de ser un avance unificador, la reforma ha encendido todas las alarmas en el sector. Organizaciones médicas y farmacéuticas, sindicatos sanitarios y representantes del ámbito tecnológico sanitario coinciden en denunciar la falta de diálogo, la ambigüedad del texto y el riesgo de intervención política en procesos que, hasta ahora, contaban con criterios técnicos y científicos.

Entre las alegaciones presentadas figuran las de sociedades científicas, colegios de médicos, colegios de farmacéuticos, asociaciones de pacientes, así como organizaciones de la industria de medicamentos y productos sanitarios. Todos señalan fallos estructurales en el proyecto legislativo.

Uno de los puntos más polémicos es la modificación de los criterios de financiación de medicamentos y productos sanitarios, que podría permitir que decisiones técnicas pasen a estar condicionadas por factores económicos o ideológicos. También se critica la introducción de una “gobernanza participativa” que, según los expertos, abre la puerta a una posible politización del sistema.

Las organizaciones critican que el Ministerio haya redactado un anteproyecto sin consenso previo con los actores clave, lo que consideran un error de fondo y forma. Desde la industria farmacéutica alertan de que la nueva ley podría ralentizar la innovación, dificultar el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos y generar inseguridad jurídica.

¿Qué pasará ahora?

Tras este aluvión de alegaciones, el Ministerio deberá revisar el anteproyecto, introducir modificaciones y decidir si sigue adelante con el calendario legislativo previsto o si lo retira para rehacerlo desde cero.

De no hacerlo, el Ejecutivo se arriesga a tramitar una ley con un amplio rechazo profesional, lo que no solo afectaría su aplicación, sino también su legitimidad social y política.

En un momento en que la sanidad española enfrenta retos complejos —como el envejecimiento poblacional, la falta de profesionales y la presión sobre la atención primaria—, muchos se preguntan si este es el momento para una reforma improvisada o si, por el contrario, se debería apostar por una negociación real con todos los agentes implicados.

Farmaindustria

Farmaindustria ha anunciado la presentación de una serie de alegaciones encaminadas a mejorar el anteproyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios, como la inclusión de procedimientos para cumplir con un plazo de 180 días para la decisión de financiación y precio, que en la actualidad es de 344 días, cifra que se ha ido reduciendo en los últimos años.

Además, este plazo debería «llegar» a los 90 días en el caso de medicamentos para enfermedades en las que no existe alternativa de tratamiento, o que supongan un beneficio terapéutico relevante, a través de una financiación acelerada.

El organismo ha considerado que esta futura ley brinda una «oportunidad única» para aprovechar las innovaciones del futuro, y que sus medidas buscan impulsar una mayor inversión en salud a través de la innovación biofarmacéutica, las nuevas tecnologías y la producción de medicamentos en Europa y en España, al mismo tiempo que se consigue que la población española cuente con los tratamientos más innovadores posibles.

Tras finalizar su fase de audiencia pública, el texto ha recibido cerca de 400 alegaciones de diferentes organizaciones, aunque el Ministerio de Sanidad ha matizado que muchas de ellas están repetidas, pues los diferentes agentes implicados coinciden en sus propuestas.

Enfermería

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado al Ministerio de Sanidad que el real decreto de prescripción enfermera se mantenga vigente «a todos los efectos» hasta que se actualice esta norma en base a la nueva Ley de los medicamentos y productos sanitarios.

Esta es una de las alegaciones que SATSE ha presentado a este anteproyecto de ley durante su fase de información pública por parte del Ministerio de Sanidad. De igual manera, ha solicitado que también se mantengan vigentes las guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras, tanto las ya publicadas como las que se publiquen en próximas fechas.

La futura norma, que aún debe pasar su tramitación parlamentaria, establece que, tras su entrada en vigor, se tendrá que actualizar en el plazo de un año el real decreto de prescripción enfermera y se desarrollará la normativa que regulará la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los fisioterapeutas.

En este sentido, la organización sindical no quiere que se puede dar una situación en la que ya se haya derogado el actual real decreto, pero no se haya desarrollado y aprobado aún el nuevo, y, por tanto, haya un desfase que suponga un «parón» en el desarrollo de esta competencia de las enfermeras.