Verdades a medias… mentiras

Forman parte del discurso oficial de cualquier Gobierno en España, partidos políticos y medios de comunicación, presuntas verdades incuestionables, pero que no lo son. Al contrario, suelen encubrir una gran mentira o posición hipócrita sobre el asunto que se trata. Denuncias falsas por maltrato. Según el CGPJ son solo el 0,01% las mujeres condenadas. Cierto. No dice el CGPJ que para que un hombre pueda actuar por ser víctima de denuncia falsa el juez debe dictar auto de archivo definitivo por inocencia o sin responsabilidad del acusado, y solo en ese caso se pueden iniciar acciones legales por falsa denuncia. No dice el CGPJ que en el 99 % de los casos los jueces decretan el archivo provisional por su propia seguridad. Imaginen un crimen cometido por alguien declarado inocente. Archivo provisional que impide poder iniciar actuaciones contra la mujer. Está bien que así sea aunque solo fuera para impedir que una mujer maltratada pudiera además ser acusada de denuncia falsa.

No dice el CGPJ que más del 80% de las denuncias presentadas son archivadas. Solo con presentar la denuncia se adquiere derecho a percibir ayuda económica. Existen bufetes de abogados y asociaciones que reciben subvenciones por tratar estos asuntos, además de enfocar la separación de bienes y custodia de los hijos con ventaja, según sus consejos. En ese 80% archivadas hay bastantes más denuncias falsas que el 0,01%; una mujer no tiene per se mejor condición que un hombre y hay entre ellas, como entre los hombres, personas justas y otras de peor condición. Para combatir de verdad la violencia de género y no fomentar una filosofía hembrista —superioridad de la mujer, desprecio sobre el hombre—, que no feminista que defiende la igualdad, hay que investigar todas y cada una de las denuncias presentadas, las que prosperan y ese 80% que se archivan, porque ahí hay posiblemente cientos de denuncias falsas y también cientos de casos de malos tratos cuyos autores, despreciables como un terrorista, asesino, pederasta, torturador o violador, quedan impunes.

La Manada. El nivel de presión social alcanzado en este caso pudo influir en la sentencia dictada. La violación es un delito execrable. Los acusados de este caso han sido socialmente condenados antes que la justicia diga la última palabra. Las pruebas, como así ratificarán los jueces, demuestran que no hubo violación, que fueron relaciones libremente acordadas y coinciden las pruebas materiales —cámaras públicas y videos allí grabados— con la declaración de los acusados y expertos. Es un caso creado por los abertzales del ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno Foral de Navarra con actuaciones irregulares de la Policía Foral, que quedan en flagrante evidencia en la sentencia recaída —y recurrida—.

Comunidades autónomas. Defender que hay que recortar sus competencias o plantear un Estado sin ellas es de fascistas, según el pensamiento oficial dominante que trata de imponerse. La ciudadanía al servicio de la estructura burocrática y no al revés. El Estado es la última trinchera de los más pobres y quienes tienen una visión centralista del mismo en España —modelo jacobino francés—, aunque sean socialistas son tachados de poco demócratas y menos de izquierda.

Villarejo. En 2017, presentó denuncia en la Audiencia Nacional sobre presuntos delitos del CNI de los que dijo tener pruebas. Fue rechazada. Ni una diligencia de comprobación. ¿Es chantaje una denuncia penal? ¿Podría ser que el chantaje lo estén haciendo personas infinitamente más poderosas y que este comisario jubilado sea el dedo que señala la luna? Quizá sí. Podrán cortarle el dedo pero la luna seguirá allí. Aunque no quieran verla ni que la veamos.