El Tribunal Constitucional defiende la democracia

Pedro Sánchez tiene muchísimos problemas con la justicia y en esto coincide con sus socios golpistas de ERC. Casi se pierde la cuenta de la cantidad de sus actuaciones que han sido declaradas inconstitucionales, como los dos estados de alarma, la suspensión de actividad en el Congreso por la primera ola de la pandemia, la reforma que dejaba en manos de la justicia autonómica el aval de las restricciones por el covid, el nombramiento como presidenta de RTVE de Rosa María Mateo, la entrada de Pablo Iglesias e Iván Redondo, en el órgano rector del CNI, etc. El Tribunal Constitucional declaró nula también la ley del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre. En aquella sentencia, los magistrados del Tribunal Constitucional afirmaron que el Parlamento de Cataluña incurrió «en muy graves quiebras del procedimiento legislativo», y advirtió de que «un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento». Ni unos ni otros se lo han perdonado.

Sánchez está a punto de conseguir controlar el Tribunal Constitucional, como les ha prometido a sus socios catalanes. Para ello, ya ha renovado a los cuatro miembros a propuesta del Congreso y a los cuatro que le corresponden al Senado, ya que, por ley, el Tribunal Constitucional, que está compuesto por 12 miembros, se renueva por tercios cada 3 años. Así, los restantes 4 miembros del Tribunal Constitucional pendientes de renovación desde el mes de junio de 2022 son los 2 nombrados a propuesta del Gobierno, junto a otros 2 que le corresponde elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que ahora mismo se encuentra también paralizado y pendiente de renovación desde diciembre de 2018. Sánchez pretende que se renueven los 2 que le toca nombrar a él, con independencia de que el CGPJ no designe a los suyos y para ello recurre a todo tipo de triquiñuela de mal leguleyo.

El origen del problema de Sánchez para controlar el Tribunal Constitucional se encuentra en la incapacidad de Congreso y Senado para alcanzar la mayoría de tres quintos que exige la ley para la renovación del CGPJ. Según la normativa vigente desde 1985, los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes, 10 por el Congreso y 10 por el Senado, por un periodo de cinco años. Desde que Pedro Sánchez fue investido en junio de 2018, este consenso ha sido imposible. La coalición de Gobierno es respaldada por sus socios de investidura, pero los votos de independentistas, golpistas y proetarras, unidos a los de socialistas y comunistas, no se acercan a los tres quintos exigidos y Sánchez es incapaz de conseguir el respaldo del PP para cumplir con sus socios. Sin controlar el CGPJ, Sánchez está siendo incapaz de manejar el Tribunal Constitucional.

Exigir una mayoría de tres quintos para asuntos de trascendencia nacional fue uno de los grandes aciertos de esa Transición de la que ahora reniegan la extrema izquierda sanchista y sus socios comunistas, filoetarras y golpistas. Sólo gracias a esa exigencia de consenso, la suma de muchas minorías extremistas e independentistas no ha podido cambiar en su beneficio las reglas de juego democráticas. Sánchez puede indultar a los golpistas, sacar de la cárcel a todos los etarras, derogar la sedición, rebajar las penas a los corruptos y a los violadores, o desenterrar a Franco, porque suma los votos necesarios para todo ello. Pero gracias a nuestro pacto constitucional, todavía no puede actuar contra la unidad nacional, como pretenden sus socios, ni perpetuarse en el poder de manera antidemocrática, como le gustaría a él. Esta vez lo han frenado los magistrados del Tribunal Constitucional, pero es obligación de toda la ciudadanía defender la democracia con todos los instrumentos a nuestro alcance.