Las trampas que nos prepara Pedro Sánchez

Los robos electorales fueron moneda de uso corriente en esa Restauración que consagró el turnismo entre el Partido Liberal y el Conservador. Por aquel entonces se implementó un modus operandi, el pucherazo, que desde entonces se ha generalizado nominalmente para referirse a cualquier tipo de adulteración electoral y no sólo en la política sino también en el mundo de la empresa, el deporte, la cultura, en el asociacionismo en definitiva. El pucherazo original consistía en emplear un puchero para transportar las papeletas que hacían falta para rellenar la urna y lograr el resultado deseado o para llevarse las que sobraban. Que muchas veces no hacía falta colarlas sino más bien retirarlas.

El símbolo del pucherazo fue el cacique por antonomasia, el conde de Romanones. Álvaro Figueroa ha quedado para la historia como el gran ladrón electoral. Los caricaturistas de la época ya lo representaban con su mirada aviesa metiendo de matute papeletas o fabricando diputados cual Geppetto pinochesco. Los pucherazos son ahora más difíciles por fácticas razones obvias. Pero el caciquismo continúa estando a la orden del día. Un caciquismo que pasa por engrasar políticas clientelares a golpe de dinero público. La vida sigue igual que hace 130 años.

Manda huevos pero es así. Nos parece perogrullesco colegir que el próximo presidente del Gobierno será Alberto Núñez Feijóo porque así lo proclaman unánimemente todas las encuestas excepto la del CIS de Tezanos y la de ese CIS bis que es El País y porque los vientos de cambio se palpan por la calle. Pero no lo es tanto. El Romanones de nuestro tiempo está haciendo de todo y por su orden para intentar que la sangre electoral no llegue a su río.

Hay quien cita expresamente a Indra, la multinacional española encargada de la transmisión y gestión de los resultados de los procesos electorales y que en estos momentos está controlada por el Gobierno, que posee el 25% del capital social a través de la SEPI —el antiguo INI—, y Prisa, el estandarte de la Brunete mediática sanchista. No lo veo porque en todos y cada uno de los centros de votación de los 8.000 municipios españoles hay observadores de al menos los dos grandes partidos patrios, PSOE y PP. Y nadie, ni siquiera el desahogado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se va a atrever a dar un resultado que contradiga las actas en papel de cada una de las mesas.

Pedro Sánchez, el Romanones de nuestro tiempo, está haciendo de todo y por su orden para intentar que la sangre electoral no llegue a su río

Y, además, el rastro de las trampas quedaría probado electrónicamente, con lo cual las posibilidades de cazar a los autores del pucherazo oscilarían entre el 99,99999% y el 100%. Además, la cúpula de Indra está integrada por profesionales de primera división, empezando por su presidente, Marc Murtra, que lo último que querrían sería finiquitar de manera abrupta y en la cárcel sus respectivas carreras.

La cuestión, como casi todo lo que hacen Sánchez y cía, es más sutil. Caciquismo 3.0. La compra masiva e indiscriminada de votos es algo que empezó hace mucho tiempo y aún no ha terminado. Se trata de adquirir la voluntad de jóvenes, mayores y mediopensionistas con el dinero del contribuyente. Ahí está, como epítome y repugnante reflejo de cuanto digo, ese cheque de 400 euros a los españoles que cumplieron 18 años en 2022 y a los que alcanzan la mayoría de edad en 2023. Un bono cultural que sirve tanto para adquirir El Quijote, La Ilíada, Cien años de soledad o un videojuego —sí, han leído bien, la mitad de esta pasta puede invertirse en ¡¡¡un videojuego!!!—. Parece una cuestión menor pero no lo es tanto toda vez que si pagas dinero a un chico o una chica que va por primera vez a votar cuentas con muchas posibilidades de que te tenga simpatía de por vida y meta siempre el papel con el nombre de tu partido.

La segunda medida puesta en marcha es tanto más inquietante: la nacionalización, y por tanto, la concesión del derecho de voto, de los nietos de exiliados republicanos. Gente que, por razones de cajón, mayormente jamás apostará por un partido de derechas. Este proceso, destapado hace meses en exclusiva por OKDIARIO, podría acabar convirtiendo en votantes españoles a más de 300.000 extranjeros, provenientes por lo general de países iberoamericanos. Dicen que de momento «sólo» se ha otorgado el pasaporte español a 12.800 nietísimos, algo más de la mitad de las 24.700 solicitudes cursadas hasta el momento en aplicación de la sectaria Ley de Des-Memoria Democrática. Eso, al menos, revelan las cifras oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Lo que hacen Sánchez y cía es intentar adquirir la voluntad de jóvenes, mayores y mediopensionistas con el dinero del contribuyente

Al hilo de este indiscutible escándalo, yo me pregunto: ¿cómo se acredita que un señor de Venezuela, de Colombia, de México o de Argentina era republicano y, a mayor abundamiento, cómo se certifica que ese mismo tipo es nieto de ese supuesto exiliado? En fin, una película con todos los ingredientes para el fraude. Ya se sabe: hecha la ley, en este caso la de Des-Memoria Democrática, hecha la trampa. Las solicitudes aceptadas, 12.800, pueden parecer pocas a primera vista, pero no olvidemos que 12.800 sufragios convenientemente distribuidos por la geografía nacional pueden alterar unas elecciones. Convendría reparar en el nada baladí hecho de que en las provincias pequeñas, en las que existen tres o cuatro escaños en disputa, el tercero o el cuarto se suele decidir por cientos de votos, cuando no por decenas.

Otro dato que ha pasado desapercibido pero que demuestra la amoralidad del personaje es el número de funcionarios o empleados públicos creado durante sus casi cinco años de mandato: 270.000. Una salvajada teniendo en cuenta el tamaño sideral de nuestra Administración pero que sirve no sólo para tener 270.000 clientes en las urnas sino también para trucar las cifras del paro con parné público. Otro escándalo bananero del autócrata del Falcon que pasa desapercibido por la docilidad de la mayoría de medios. Por no hablar de la subida salarial a los funcionarios, que será del 9,5% entre 2022 y 2024, muy por encima de la media de las empresas españolas. Conviene recordar, además, la paga extra de alrededor de 500 euros a todos los trabajadores de la Administración la Navidad pasada. Todo sea por que introduzcan en el agujerito la papeleta con el puño y la rosa.

Al más puro estilo de Venezuela, donde 10 millones de nacionales viven casi en exclusiva de los subsidios estatales y luego votan en consecuencia, Sánchez también está dando 200 euros para la cesta de la compra a familias «vulnerables», esa palabra que popularizó Podemos y que ya forma parte de nuestro acervo pese a que no sepamos muy bien acotarla ni a quién se refiere exactamente. Una loable idea pero que, seguramente, se está empleando discrecionalmente para fomentar el voto a los morados o a los del puño y la rosa en las municipales y autonómicas de mayo y en las generales que deberían tener lugar en noviembre. Estamos hablando, ahí es nada, de 4,2 millones de hogares beneficiados.

Creo que ni con sus tretas conseguirá Sánchez evitar el abismo porque Juan Español aguanta peor que antaño que le intenten sobornar

Más paguitas: la renta de crianza, 100 euros mensuales por hijo, hasta que el menor cumple tres años. Casualmente, entró en vigor el 1 de enero, coincidiendo con el banderazo de salida al año electoral. A estas prebendas hay que agregarle el descuento a la gasolina y la baja por regla dolorosa que entrará en vigor en junio o los cinco días remunerados por cuidado familiar que incluye la nueva Ley de Familias actualmente en tramitación en el Congreso.

El dinero público, que según Carmen Calvo no es de nadie pese a que parezca que es de Sánchez y no de los españoles, también se está empleando para incrementos récord de las pensiones contributivas (8,5%) y de las no contributivas (15%). Aquí el Ejecutivo ha hecho de la legítima necesidad de compensar a los jubilados por la brutal inflación registrada el ejercicio pasado, virtud electoral, pese a que en estos momentos el IPC ha caído ya a casi la mitad que en ese 2022 en el que vivimos peligrosamente. Es menester recordar que en estos momentos hay algo más de 10 millones de pensionistas, ciudadanos con unos índices de participación electoral tradicionalmente más altos que los de la población activa.

No se trata de ir de Donald Trump por la vida, es decir, de hablar de manipulaciones electorales por hablar. Porque un servidor ha puesto unas cuantas pruebas encima de la mesa y todas ellas situadas más allá de toda duda razonable, cosa que no hizo un ex presidente estadounidense al que ahora sus adversarios intentan echar de la carrera electoral con tácticas cuando menos discutibles. Pero no está de más que seamos conscientes de que Sánchez, mentiroso como pocos e inmoral y déspota como ninguno antes en democracia, está sacando billetes del Banco de España a espuertas para comprar el veredicto de las urnas. Mi impresión es que ni con ésas logrará evitar el abismo porque Juan Español es cada vez menos ingenuo y aguanta peor que antaño que le intenten sobornar que, al fin y al cabo, es lo que pretende el pájaro con estos procedimientos caciquiles. Claro que también soy de los que, como Isabel Díaz Ayuso, intuyen que se resistirá a dejar el poder por las buenas al más puro estilo del antedicho Trump. No diga Romanones, diga Sánchez.