Socialismo y expolio fiscal

Usted le encarga una reforma del sistema tributario a un grupo de expertos formado por catedráticos y profesores socialistas, como ha hecho el Gobierno, y ya sabe cuál va a ser la conclusión desde el inicio de la encomienda, porque así lo ha hecho además explícito la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: que hay que subir indefectiblemente los impuestos para llegar a la media de la UE, una comparación inadecuada porque tenemos una renta per cápita muy inferior, y todo para financiar la explosión de gasto consustancial al ‘sanchismo’.

Pero usted me replicará con gran criterio: bueno, pero si se hace igual encargo a catedráticos y profesores de la derecha la conclusión será inevitablemente la contraria: que hay que bajar los impuestos. Pues no. Esto no es necesariamente cierto.

Los de derechas le dirán que en España procede subir los tipos del IVA, pues nuestro modelo, a diferencia del resto de los países desarrollados, grava con el tipo mínimo a muchísimos productos que en la mayoría de los estados europeos tributan al tipo general -lo que explica que recauden más- y sobre todo por una razón filosófica sustancial: lo conveniente y económicamente menos perturbador es gravar y recaudar sobre el gasto en el que cada persona incurre en lugar de sobre el ingreso que percibe. Esto último, a partir de determinados niveles de imposición, destruye los incentivos al trabajo y la inversión, y es injusto, pues los rendimientos obtenidos por el capital o el patrimonio acumulado proceden todos, en su génesis, de la retribución salarial, ya debidamente sometida al IRPF.

Hay otra diferencia de enfoque básica entre un socialista y un liberal a la hora de afrontar la espinosa cuestión fiscal. El socialista cree que el gasto público es inflexible a la baja porque las demandas sociales son muy intensas. Yo diría que insaciables. El socialista piensa en general como la inefable Evita Perón, aquélla que decía que toda necesidad es un derecho, es decir, que hay que atender monetariamente las reivindicaciones sociales que surjan, por muy estúpidas que sean. La consecuencia inevitable es que hay que construir un sistema fiscal capaz de atender todos estos desvaríos.

Ya el egregio Alexis de Tocqueville dijo en su momento que, con la democracia y la pasión por la igualdad que conlleva, la gente aprueba y consiente una subida general de los impuestos -preferentemente de los otros-, que se desata la hostilidad hacia el que triunfa -contaminado siempre por un halo de sospecha- y el combate contra el rico.

Estos son los vicios y desórdenes mentales que nunca se encontrarán en un experto de derechas porque este es muy consciente de que el crecimiento económico no es independiente de la presión fiscal. Nadie en su sano juicio sostiene que los impuestos no sean necesarios, pero los liberales piensan con causa que a partir de un cierto grado de acoso fiscal la actividad se resiente, con la consecuencia de que la recaudación merma, justo lo contrario de lo que pretenden los socialistas. Determinados niveles de presión tributaria acaban siendo confiscatorios y por eso nocivos, pero el caso es que el grupo de expertos designado por el Gobierno defiende que entre el IRPF y el Impuesto de Patrimonio podría llegarse a detraer hasta el 70% del ingreso personal. ¿Alguien que no sea el economista francés Piketty, la musa de la izquierda, puede estar de acuerdo con tal barbaridad?

Jesús Ruiz-Huerta, el presidente del grupo de notables nombrado por Montoro, sí. Preguntado por aquella máxima liberal de que, en general, el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el del Estado, responde que no, que esto es una frivolidad, y que el dinero estará mejor donde mejor sirva, esgrimiendo a continuación lo sucedido durante la pandemia, el comportamiento del sistema de salud, el empeño en sostener el nivel de rentas después y otros argumentos demagógicos similares.

Todavía recuerdo que en el peor momento de la crisis sanitaria, cuando salíamos a los balcones para aplaudir a los médicos y enfermeros, un vecino decía a voz en grito «la sanidad pública, no se vende, se defiende. Viva la sanidad pública». Y otro le respondía: » Y la privada». Y tenía razón. Porque ¿qué sería del sistema de salud sin la comparecencia de la sanidad privada y de los que, como es mi caso, tenemos un seguro particular que descongestiona el modelo, lo hace más eficiente y lo libra de unas cargas monetarias que serían imposibles de soportar?

Aquéllos que tienen un enfoque liberal de la fiscalidad también creen que hay margen para elevar los impuestos especiales, por ejemplo sobre el uso de la energía y en función de cuánto se contamina, así como un espacio amplio para subir algunas tasas, por ejemplo por el uso de las infraestructuras, cuyo mantenimiento es oneroso y no debería cargarse sobre el conjunto de la población que no consume estos recursos públicos.

De manera que los expertos fiscales liberales no están necesariamente en contra de subir algunos impuestos, los indirectos -que no perjudican la actividad económica-, pero se oponen radicalmente a castigar más de lo que ya lo están las rentas del trabajo, el ahorro, la inversión, el patrimonio y el normal desenvolvimiento del mundo de los negocios. En eso esgrimen una intransigencia muy oportuna. Los primeros que entendieron esto fueron los países escandinavos -tan admirados por el socialismo universal-, que hace tiempo que revirtieron su política fiscal y renunciaron a penalizar, como venían haciendo legendariamente, a sus ciudadanos y empresarios para volver a recuperar la inversión y la entrada de capitales del exterior.

Toda esta historia sobre la comisión de expertos quedaría en todo caso incompleta si no hiciéramos mención al propósito inicial y genuino con el que fue creada, que no era el de alumbrar un sistema tributario moderno, sino el de buscar un pretexto para castigar a la Comunidad de Madrid, cuyo exuberante crecimiento gracias a una política de contención del gasto y de bajos impuestos pone de los nervios al presidente Sánchez y aún más a los torpes independentistas catalanes, aliados imprescindibles del Gobierno, que han demostrado una pericia colosal para devastar la autonomía catalana.

Madrid es la envidia de España no solo para los catalanes disolutos, sino para la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, para Castilla La Mancha, que dirige el socialista García-Page, y para el resto de las regiones atrapadas en esas demandas sociales presuntamente incontenibles que hay que satisfacer a toda costa para seguir sumando los votos necesarios y poder continuar esquilmando aquellos territorios. Estos incapaces y resentidos son los que forman el contubernio contra Madrid, los conjurados para infligirle la pena capital imponiendo en el conjunto del país, como dice el consejero madrileño de Hacienda, el señor Lasquetty, el socialismo fiscal obligatorio.

Pero la reforma propuesta por el Comité de Expertos no es solo contra Madrid sino contra toda España, a la que se prefiere más pobre y subsidiada. Y así en lugar de crear las condiciones para el crecimiento, lo que requeriría quitar trabas al desarrollo y facilitar las condiciones para la creación de empleo y la llegada de capital y de inversiones, el Comité, y la ministra que lo ha nombrado a las órdenes de Sánchez, ha optado por cegar todas las vías posibles para fortalecer el nervio económico de la nación.