Sánchez ha unido su suerte a Puigdemont

Estos días, ya próximos a un 1º de octubre para olvidar en nuestra reciente Historia, ha vuelto a la actualidad el inefable Puigdemont, que no debería dejar de ser un histriónico personaje al modo Beppe Grillo que, de vez en cuando, se asoma a la pantalla para recordar que sigue vivito y coleando  dando vueltas por aquí y allá con base en Waterloo; lo cual por cierto —lo de Waterloo— no deja de tener su gracia.

Para que no nos olvidemos de él, la Justicia europea sale en su auxilio como cooperadora necesaria, ya sea en Bélgica, Alemania o en Italia ahora, para que nos percatemos del valor que tiene el instituto jurídico de la euroorden, cuando menos si procede del Tribunal Supremo español, nuestro máximo órgano jurisdiccional ordinario. ¿Alguien se imagina que a un político prófugo de la Corte Penal Suprema de Francia, Alemania, o Italia, que es acusado de los gravísimos delitos de rebelión y sedición, recibiera por un tribunal regional español -cualquier TSJ autonómico- el tratamiento que le están dando a nuestro prófugo esos homónimos tribunales europeos?

A estas alturas, es obligado recapitular lo sucedido para acercarse a una conclusión mínimamente rigurosa acerca del porqué de esta bofetada a nuestro país, aparentemente en la mejilla de nuestro Tribunal Supremo. A esos efectos, lo primero que debemos constatar es que es demoledor el daño infligido a nuestra reputación nacional -o si lo prefieren, a la «marca España»- a cuenta de este personaje y sus andanzas y correrías europeas, desde que incomprensiblemente huyó de la Justicia en el maletero de un coche sin ser detenido y dejando plantado a su «Govern» hace casi cuatro años. El ridículo es espantoso, y solo es asumible desde un pasotismo o carencia de la autoestima que se le supone a cualquier español de a pie, con mayor motivo si está investido de autoridad. Por lo tanto, es lógico preguntarnos cómo pudo huir de la Justicia quien de manera pública y notoria había cometido un delito continuado y cuya fuga era más que previsible.

Como decimos, basta constatar el daño reputacional, además de otras consecuencias conexas que nos habríamos ahorrado si, en en su día, hubiese sido detenido y puesto a disposición del juez Llarena como instructor de la causa, al igual que ocurrió con Junqueras y otros dirigentes, que hay que reconocer que al menos arrostraron las consecuencias de sus actos dando la cara. A Puigdemont se le permitió fugarse actuando cual otro Dencás redivivo -aquel «Conseller de Governació» que el 6 de octubre de 1934 huyó por el «clavegueram», es decir, por las alcantarillas- tras haber arengado por radio a las masas pidiendo su adhesión al Estat Catalá promulgado por Comanys, y acabar gritando «¡Visca Espanya!». Bien es cierto que Puigdemont no huyó por las alcantarillas y tampoco gritó esos vivas, pero su salida por la frontera franco española, además de «incomprensible», fue poco honorable.  A esos efectos, me remito al artículo publicado ayer por el director de este medio y de recomendable lectura.

Pero posiblemente el asunto no hubiera ido a mayores si, además de no tener una masa claramente instalada en la rauxa, careciéramos de un Gobierno español penosamente sometido a su juego por el incontenible afán de poder de un Sánchez que incumplió todos los compromisos asumidos al respecto y que son exigibles a cualquier candidato a la presidencia: Simplemente, no pactar con los enemigos de España y, por si fuera poco, además con los sucesores políticos de los etarras a los que homenajean impunemente. De esta forma, Puigdemont se coloca en el centro de gravedad del sistema y del interés político, en lugar de ocupar un lugar marginal de la atención mediática y pública. Sánchez ha asociado su suerte a la de Puigdemont, ya que éste tiene a ERC agarrado, y sin ERC Sánchez no puede ni aprobar los presupuestos.

En la UE conocen que Sánchez ha indultado a unos políticos como Puigdemont, sin arrepentirse de sus delitos, afirmando que los volverían a cometer, y contra el informe contrario y unánime del Tribunal Supremo. Todo esto lo saben todas las cancillerías europeas, sus tribunales, jueces y fiscales. Y así nos va con la euroorden.