Sánchez nos ha convertido en un país bananero

Cuando, en las elecciones generales de 2015 y 2016, Podemos consiguió 69 y 71 diputados, respectivamente, y se convirtió en el tercer partido más votado, fuimos muchos los que repetidamente advertimos del riesgo que corríamos de convertirnos en una república bananera siguiendo el modelo venezolano. A principios del siglo XX se empezó a utilizar la expresión república bananera para referirse a las dictaduras tercermundistas que, a cambio de sobornos, vendían la agricultura de sus países a grandes multinacionales como la estadounidense United Fruit Company. Pero muy pronto se empezó a llamar país bananero a cualquiera que fuera inestable políticamente, en el que no se respetan las leyes e impera la corrupción a todos los niveles. No ha sido Pablo Iglesias ni Podemos; Pedro Sánchez ha convertido a España en un país bananero de libro.

El pasado martes, a las 17:30 horas, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se paró con los periodistas que estaban en el pasillo del Senado para decirles que Isabel Díaz Ayuso debe dar explicaciones «si efectivamente, como se ha publicao en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas, en la peor situación de pandemia que tuvo este país». Como la noticia de las mascarillas de la que habla la ministra no apareció publicada en prensa hasta unas horas después de estas declaraciones, se acusa a María Jesús Montero de revelar ante la prensa, para utilizarlos políticamente, datos personales de la pareja de Ayuso que no es un personaje público, ni ha sido condenado por ningún delito, sino que solamente está siendo inspeccionado por la Administración Tributaria que depende directamente de la ministra de Hacienda.

Ya en tiempos del ex ministro de Hacienda de infausta memoria, Cristóbal Montoro, se hicieron públicas las sospechas de que habría existido una lista de periodistas, políticos y empresarios que habían sido investigados por la Agencia Tributaria por orden directa y señalamiento del ministro, por mantener con él «enfrentamientos profesionales, partidistas o privados». De confirmarse las sospechas, estaríamos hablando de una situación mucho peor en la que se habrían usado los servicios de la Inspección tributaria y la Fiscalía -¿la Fiscalía de quién depende?… ¿de quién depende?… ¡pues ya está!- para desviar la atención del caso PSOE, por el que numerosas administraciones dependientes del Partido Socialista presuntamente habrían pagado comisiones a empresas vinculadas con dicho partido, por unas mascarillas que resultaron inservibles, cuando más gente estaba muriendo por la pandemia del Covid.

Este jueves, el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Amnistía pactada por Junts y ERC con Pedro Sánchez. A cambio de los siete votos que le han sido imprescindibles al presidente del Gobierno para ser investido, los que cometieron los delitos de terrorismo, alta traición, torturas, lesiones, malversación, prevaricación, etc., relacionados con el golpe de Estado catalán de 2017, han negociado con el Gobierno su más absoluta impunidad. Podemos afirmar que en España ya no se respetan las leyes.

Con respecto a la corrupción, el caso de las mascarillas del PSOE implica a la presidenta del Congreso, a los ministerios de Transportes, Interior, Política Territorial, Sanidad y Hacienda, así como a otros muchos dirigentes del Partido Socialista. Además, la Ley de Amnistía va a borrar de un plumazo los delitos de corrupción cometidos en Cataluña, sentando un precedente que cualquier otro Gobierno podrá volver a utilizar en el futuro. Podemos asegurar que España es ya un país en el que, impunemente, impera la corrupción a todos los niveles.

En los últimos cinco años, hemos tenido tres elecciones generales y otras tres mociones de censura. La última investidura, Pedro Sánchez la sacó adelante por sólo 4 votos y necesitó contar con el consenso de 16 partidos distintos, teniendo en cuenta que dentro de Sumar hay diputados de nueve formaciones diferentes. De esos partidos, hay ocho con más de cinco diputados que podrían hacerlo caer en cualquier momento, apoyando una moción de censura -Sumar, Podemos, En Comú, IU, ERC, Junts, Bildu y PNV-. Además, la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña ha forzado a que el Gobierno renuncie a intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Podemos confirmar que España es ya un país muy inestable políticamente.

Pedro Sánchez ha conseguido que el Producto Interior Bruto de España, que llegó a ser la octava economía del mundo entre 2004 y 2007, caiga al puesto número 16, empobreciéndonos a todos. En menos de seis años, Sánchez ha convertido a España en una nación más pobre, en la que, al dictado del Gobierno, Hacienda y la Fiscalía acosan a los ciudadanos; un país inestable políticamente, donde no se respetan las leyes e impera impunemente la corrupción a todos los niveles. Cumplimos a la perfección con la definición de un país bananero; y la culpa no ha sido de Podemos, sino de Pedro Sánchez.