Sánchez y ERC apuñalan a Baleares

En virtud del pacto de gobierno entre el PSC y ERC que va a permitir la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en comandita con los procesistas de Esquerra Republicana de Cataluña, han decidido dinamitar el principio de solidaridad entre territorios contemplado en la Constitución sobre el que pivotaba el reparto de la financiación autonómica desde hacía cuarenta años. Cataluña se sale del sistema de régimen común que hasta ahora incluía a todas las comunidades, salvo el País Vasco y Navarra, que, gracias al cupo vasco y al concierto navarro bendecidos por la Constitución, recaudan todos los impuestos y de estos dan una pequeña parte (el cupo o el concierto) al Estado en compensación por los servicios que dispensa Madrid en los territorios forales.

Cataluña se suma así a la excepcionalidad insolidaria del País Vasco y Navarra, saliéndose del sistema de régimen común de las 15 autonomías restantes. Dicho sistema se fundaba en el principio de solidaridad interterritorial diseñado para que una parte de los impuestos de las tres comunidades con mayor capacidad fiscal (Madrid, Cataluña y Baleares) contribuyera a la financiación del resto de comunidades con menor capacidad fiscal, las doce restantes, de modo que, a través de los diferentes fondos de solidaridad del modelo, se producía un flujo dinerario desde las tres comunidades «ricas» aportadoras a las doce comunidades «pobres» receptoras.

Si en virtud del pacto suscrito entre socialistas y los procesistas de Oriol Junqueras y Marta Rovira, Cataluña abandona el sistema de régimen común y se suma a un modelo singular parecido al que ya disfrutan País Vasco y Navarra, la comunidad catalana dejará de aportar al sistema de régimen común unos 30.000 millones de euros, de modo que tendrán que ser Madrid y Baleares, las dos regiones netamente aportadoras que quedan en el sistema común, las que finalmente tengan que rascarse el bolsillo para subvenir con más impuestos el déficit originado por el dinero que hasta ahora aportaban los catalanes. A no ser que Pedro Sánchez decida, como ya hizo Zapatero en 2009 con el cambio de modelo de financiación, poner sobre la mesa estos 30.000 millones a cuenta del Estado y dejar las cosas como están.

Una de dos, o Madrid y Baleares compensan con sus impuestos lo que deja de aportar Cataluña, o el Estado tendrá que tapar el agujero que dejan los catalanes, lo que va a suponer con toda seguridad una nueva subida fiscal a todos los españoles. Porque tras la experiencia de las reformas del modelo de financiación que se han llevado a cabo en los últimos 40 años, rige un principio ya consolidado: ninguna comunidad va a recibir menos dinero del que recibía con el viejo modelo, con lo cual el problema se traslada a los ingresos, no a un reparto sustancialmente distinto o más equitativo de la tarta total a repartir.

En consecuencia, Baleares es la comunidad, detrás de la región de Madrid, más perjudicada por el egoísmo de Cataluña, que dejará de contribuir a la caja común. Ante esta puñalada, Marga Prohens ya ha afirmado que es inaceptable este «ataque a la Constitución». Ningún otro partido del hemiciclo balear ha dicho esta boca es mía, lo que deja a la autonomía balear para el arrastre, ya que los mismos que se llenan la boca autoproclamándose como sus defensores, la dejan tirada ante atropellos como el protagonizado por Sánchez y el separatismo catalán.

El silencio ensordecedor de los socialistas baleares indica bien a las claras que su lealtad es con el partido, no con los ciudadanos baleares. Por su parte, el silencio estruendoso de Més per Mallorca pone de manifiesto que, en materia de lealtades, prevalece la lealtad a Cataluña y a Esquerra Republicana de Cataluña -formación hermana e inspiradora de todas sus políticas, incluida su nefasta política en inmigración- sobre la que deben a los ciudadanos baleares.

Los diputados Apesteguia, Ramon, Carrió y Rosa parecen ser más agentes de la Generalidad catalana que representantes de los ciudadanos del archipiélago. Lo mismo cabe decir de los socialistas que desconocen ninguna otra patria que no sea el partido incluso al precio de apuñalar a los ciudadanos que representan en la cámara balear. Vaya una autonomía nos está quedando, cuando ni siquiera sus representantes la defienden… de los ataques de Cataluña y del PSOE. Menos mal que todos eran autonomistas de pro.